• La SCJN anuló su confesión por haber sido obtenida con tortura en el caso Wallace
• Determinó que no existen pruebas suficientes para mantener la condena
• Otros implicados en el mismo caso podrían ser liberados
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció más de 19 años en prisión acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace.
Con cuatro votos a favor, la Primera Sala del máximo tribunal aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que concluye que la confesión de González Lomelí fue obtenida bajo coacción, amenazas e intimidación durante el periodo en que estuvo arraigada, por lo que no puede ser considerada válida.
La Corte declaró nula esa declaración y todas las pruebas que se derivaron de ella, al haber sido obtenidas en un contexto de violaciones a derechos humanos. Al eliminarse esos elementos, las pruebas restantes presentadas por el Ministerio Público fueron calificadas como insuficientes para sostener su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), encargado de su defensa, celebró la decisión de la Corte, al considerarla un paso importante en el respeto al debido proceso y a los derechos humanos. La institución recordó que, sin importar la gravedad del delito, toda persona tiene derecho a un juicio justo, y que la tortura está prohibida por la Constitución y los tratados internacionales.
El fallo también podría beneficiar a otras personas acusadas en el mismo caso, cuyos procesos se basan en las mismas pruebas invalidadas por la Corte. Entre ellos están César F., Albert, Tony C., Brenda Q. y Jacobo T., quienes aún enfrentan juicio o tienen recursos legales pendientes.
Juana Hilda fue detenida el 10 de enero de 2006 mediante una orden de localización y presentación. Permaneció arraigada hasta el 6 de abril de ese año, y fue durante ese periodo que firmó su confesión, el 8 de febrero. Esa declaración fue utilizada como prueba principal en su contra, y derivó en una sentencia de 78 años y 9 meses de prisión emitida por el entonces Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya había emitido una recomendación en favor de Juana Hilda y otros acusados en este caso, en la que documentó violaciones graves a sus derechos durante la detención y los procesos judiciales.
Juana Hilda González Lomelí es originaria de Guadalajara, Jalisco, y es madre de dos hijas.
