El programa Quédate en México, oficialmente conocido como Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), fue creado en 2019 durante la primera administración de Donald Trump. Esta política obligaba a los migrantes que solicitaban asilo en Estados Unidos a permanecer en territorio mexicano mientras se resolvía su caso.
Controversias del programa
La medida fue ampliamente criticada por exponer a los migrantes a situaciones de riesgo en zonas fronterizas de México con altos índices de violencia, como Tamaulipas. Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), más de 71,000 personas fueron afectadas por este protocolo antes de su cancelación en octubre de 2022 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, su administración ha anunciado planes para reinstaurar el programa como parte de su estrategia para controlar la migración irregular.
Reacción del Gobierno de México
En la conferencia matutina del 20 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Juan Ramón de la Fuente dejaron clara la postura de México. Ambos rechazaron la reinstauración del programa, calificándolo como una decisión unilateral de Estados Unidos.
De la Fuente explicó que México no tiene obligaciones legales derivadas del MPP y buscará alternativas para mitigar su impacto. Por su parte, Sheinbaum afirmó que su gobierno no aceptará esta medida y propondrá soluciones más humanitarias, como mantener la aplicación CBP One, que permite a los migrantes gestionar su solicitud de asilo sin necesidad de permanecer físicamente en la frontera norte.
Propuesta de un enfoque distinto
Sheinbaum destacó que su administración busca garantizar que los migrantes puedan acceder al proceso de asilo desde lugares seguros, ya sea en el sur de México o en sus países de origen. “No compartimos el programa Quédate en México, pero trabajaremos en acuerdos que protejan a los migrantes y beneficien a ambas naciones”, señaló.
La posible reinstauración del MPP genera tensiones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcando un nuevo reto en la gestión de la migración regional.
