Con Omar García Harfuch al mando, el gobierno federal puso tras las rejas a funcionarios que protegían al crimen organizado en el Edomex; a la alcaldesa de Amanalco la vinculan con el asesinato de un síndico municipal
Iniciaron ayer las audiencias de los funcionarios capturados mediante el “Operativo Enjambre” en el Estado de México, pero llama la atención el caso de la ahora expresidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, debido a que desde que tomó posesión del cargo, en enero de 2022, estuvo metida en serios problemas. Incluso, la vinculan con el asesinato de un síndico municipal.
Fue postulada como alcaldesa por Movimiento Ciudadano en las elecciones de 2021, pero no duró mucho en sus filas. Renunció para afiliarse a Morena y esto le provocó serios problemas con varios de sus ex compañeros, como el entonces síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz.
Este personaje encabezó la toma de la alcaldía y varios integrantes de su organización agredieron físicamente a la alcaldesa Martínez Robles.
Durante un tiempo, el emecista y otros miembros del cabildo le hicieron la vida de cuadritos, pero todo concluyó el 27 de enero del 2023, cuando el síndico fue asesinado junto con uno de sus colaboradores en una carretera en la zona sur del Edomex. Estuvo desaparecido y su cuerpo fue hallado dos días después en un barranco.
Pero es fecha en la que se desconoce quiénes son los autores materiales e intelectuales del crimen, aunque todo mundo siempre ha dado por hecho que se trató de un ajuste de cuentas, algo que, entre otras cosas, buscan esclarecer las autoridades con el arresto de la presidenta municipal de Amanalco.
Por lo pronto, María Elena Martínez y su director de seguridad, Manuel “N”, fueron vinculados a proceso, después de ser capturados mediante uno de los operativos más grandes y vistosos en la historia reciente de nuestro país.
Se desplegaron mil 500 elementos de las fuerzas federales para poner tras las rejas a servidores públicos de seguridad pública y otras funciones, sobre quienes pesaban órdenes de aprehensión por facilitar las actividades de diversos grupos delictivos que operan en el Edomex.
Fue una muestra de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellos la gobernadora Delfina Gómez; el fiscal estatal, José Luis Cervantes; y el secretario de Seguridad local, Cristóbal Castañeda, dejaron los abrazos de lado y están resueltos a dar un giro en la relación del gobierno con la delincuencia organizada.
***
DURANTE SU PASO POR GOBERNACIÓN, como subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas fracasó en la encomienda que le dio Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso Ayotzinapa.
Utilizó informantes para vincular a miembros del Ejército con el caso y hasta dejó entrever que Omar García Harfuch había estado involucrado. Nunca pudo probar sus dichos.
Hoy, con base en información de inteligencia, es posible saber que una de las “gargantas profundas” de Encinas fue Alejandro “N”, integrante de la organización criminal Guerreros Unidos.
Este personaje fue capturado por fuerzas federales el pasado viernes. Se le relaciona con los delitos de secuestro, homicidio y extorsión en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala.
¿Qué dirá Alejandro Encinas ahora que su informante fue capturado como parte de la red criminal que ha puesto en jaque a varios presidentes, incluido AMLO, por su incapacidad para resolver el caso Ayotzinapa?
***
SE LLEVÓ A CABO LA ELECCIÓN de la próxima rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, para el periodo 2025-2031. Y, aunque tomará posesión de cargo en abril del próximo año, el proceso debió adelantarse para evitar que el próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, o Movimiento Ciudadano, metan mano en la máxima casa de estudios de la Perla Tapatía. Además, está previsto que el actual rector, Ricardo Villanueva, se integre al gabinete de la presidenta Sheinbaum.
***
Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La política es el único trabajo donde los antecedentes penales de muchos funcionarios y alcaldes son vistos como experiencia previa”.
