- El Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
- El mandatario tendrá un plazo legal para responder a las acusaciones y podrá comparecer personalmente o mediante representación jurídica.
- Las acusaciones están relacionadas con una supuesta triangulación de recursos hacia empresas vinculadas con familiares del gobernador, señalamientos que él ha rechazado.
Congreso de Nuevo León da luz verde al procedimiento
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, tras considerar procedente una denuncia presentada por Morena relacionada con presuntos actos de corrupción y triangulación de recursos públicos.
La decisión fue respaldada por legisladores del PRI, PAN y una diputada de Morena. Con ello, el procedimiento avanzará a nuevas etapas dentro del Poder Legislativo estatal.
Como parte del proceso, el gobernador será notificado formalmente y contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su defensa, ya sea de manera presencial, por escrito o a través de un representante legal.
Acusaciones por presunto desvío de recursos
La denuncia sostiene que recursos públicos habrían sido canalizados hacia empresas y despachos presuntamente relacionados con familiares del mandatario estatal.
De acuerdo con las acusaciones, parte de los recursos habrían sido transferidos a una firma jurídica vinculada con integrantes de su familia y posteriormente movidos hacia otras compañías mediante diversos mecanismos financieros.
Los promoventes del juicio político argumentan que existen elementos suficientes para investigar una posible afectación a los intereses públicos y determinar si hubo responsabilidades administrativas o políticas.
Samuel García rechaza los señalamientos
El gobernador de Nuevo León ha negado las acusaciones y sostiene que los hechos señalados ya fueron revisados previamente por autoridades estatales.
A través de mensajes públicos, García ha asegurado que las investigaciones realizadas concluyeron sin encontrar irregularidades y calificó los nuevos señalamientos como una reedición de acusaciones ya atendidas.
Su defensa ha insistido en que no existe evidencia que acredite un uso indebido de recursos públicos y que el proceso tiene un trasfondo político.
Comparecencia programada ante el Congreso
Como parte del procedimiento, la Comisión Anticorrupción acordó citar al gobernador para una audiencia ante el Congreso local el próximo 23 de junio.
Durante esa etapa, Samuel García podrá presentar argumentos, pruebas y la información que considere pertinente para responder a las acusaciones.
El Congreso aclaró que una eventual destitución no corresponde directamente al Poder Legislativo, sino que cualquier resolución definitiva tendría que seguir el procedimiento establecido por la ley y ser determinada por las autoridades competentes.
Debate político divide a las bancadas
La aprobación del juicio político generó posiciones encontradas entre los grupos parlamentarios.
Mientras legisladores de oposición defendieron la necesidad de revisar a fondo los señalamientos y exigir rendición de cuentas, diputados de Movimiento Ciudadano calificaron el procedimiento como una acción con motivaciones políticas y cuestionaron la solidez de las pruebas presentadas.
El caso abre un nuevo frente político para la administración estatal y podría convertirse en uno de los procesos de mayor relevancia en la recta final del actual periodo legislativo.
