Ni el oficialismo ni la oposición llegarán limpios a los comicios del próximo año: gobernadores señalados, un Congreso de la Unión sometido y un riesgo mayor que nadie quiere nombrar
Este jueves 10 de septiembre arranca, por fin, el proceso electoral rumbo al 6 de junio de 2027. Digo “por fin” porque, en realidad, la contienda ya lleva meses corriendo por debajo de la mesa: encuentros, desencuentros, confrontaciones abiertas y el uso, nada disimulado, de programas y espacios oficiales con fines electorales.
Lo que está en juego: 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, mil 802 alcaldías y varios congresos estatales, todo en medio de un ambiente cargado de sospechas sobre el partido dominante, el gobierno y los mandatarios que están por dejar sus estados.
Y aquí hay un denominador común: la mayoría de esos gobernadores cierra su gestión bajo cuestionamientos, ya sea por decisiones políticas o, más frecuentemente, por sospechas de malos manejos. Casi nadie se salva. Empezando por los morenistas.
Ahí están Rubén Rocha, en Sinaloa, señalado por su presunta relación con el narcotráfico; Marina del Pilar Ávila, en Baja California, entre denuncias de malos manejos; Mara Lezama, en Quintana Roo; David Monreal, en Zacatecas, hoy el peor evaluado del país; y Víctor Castro, en Baja California Sur.
Se suman Alfonso Durazo, en Sonora; Evelyn Salgado, en Guerrero; Layda Sansores, en Campeche, siempre en el ojo del huracán; Alfredo Ramírez, en Michoacán; Lorena Cuéllar, en Tlaxcala; y el verde Ricardo Gallardo, en San Luis Potosí.
La oposición tampoco sale bien librada. Está el escandaloso caso del emecista Samuel García, en Nuevo León, o el de los panistas Maru Campos, en Chihuahua; Mauricio Kuri, en Querétaro; y Tere Jiménez, en Aguascalientes.
De los diputados que “están por concluir” su encargo, mejor ni hablar. Los propios morenistas lo reconocen: el Congreso terminó pareciéndose más a una oficialía de partes que a un Poder Legislativo, donde se votó más por consigna que por convicción.
La diputada Elena Segura, representante por la CDMX, se lo reclamó de frente a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde: desde el gobierno no les permiten mover ni una coma a las iniciativas presidenciales, aunque lleguen con incongruencias y contradicciones jurídicas.
Aun así, la mayoría de los legisladores quiere ir por la reelección. Todavía no se sabe cuántos de los 500 lo intentarán, porque cada partido pondrá sus propias condiciones.
En Morena, por ejemplo, será la última vez que se permita reelegirse, al menos en este sexenio. Las reglas se conocerán una vez que la Comisión Nacional de Elecciones, encabezada por Citlalli Hernández, presente la lista completa de precandidatos a gobernador.
Lo que sí es un hecho: casi la mitad de los 128 senadores ya se movió buscando alguna gubernatura. Los demás, simplemente, no tienen elección en su estado.
Como suele ocurrir en estos procesos, las disputas arrancaron mucho antes de tiempo. Existen reglas, leyes y árbitros -el INE, con Guadalupe Taddei al frente, y el Tribunal Electoral, presidido por Gilberto Bátiz-, pero partidos y aspirantes las ignoran sin mayor consecuencia, aprovechando sus cargos actuales para hacer campaña anticipada, casi siempre con recursos públicos y, en otros casos, con dinero de origen desconocido.
Pero el uso indebido del erario no es, ni de lejos, el mayor de los riesgos. Ahí está el verdadero desafío para todos: cerrarle la puerta a la participación del crimen organizado en todo el proceso.
Porque, quiérase o no, ese sigue siendo el talón de Aquiles de buena parte de los gobiernos estatales, señalados una y otra vez por presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales. La pregunta no es si ese riesgo existe, sino si alguien en el poder está dispuesto a enfrentarlo antes de que las urnas lo hagan por ellos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El verdadero fraude no se hace en la boleta, se hace meses antes, con dinero y silencio”.
