- Rocha Moya pide licencia para enfrentar investigación de la FGR
- EE.UU. lo señala por presuntos vínculos con el narcotráfico
- México exige pruebas antes de proceder legalmente
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal a su cargo mientras se desarrolla una investigación encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras señalamientos de autoridades estadounidenses que lo vinculan presuntamente con el narcotráfico.
La solicitud fue presentada ante el Congreso estatal con el objetivo de permitir el desarrollo de las indagatorias sin interferencias. La decisión se tomó en un contexto de tensión política y diplomática entre México y Estados Unidos.
Señalamientos desde Estados Unidos y dimensión del caso
Las acusaciones fueron formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por su presunta participación en una red de protección al Cártel de Sinaloa.
El expediente sostiene que los implicados habrían facilitado el tráfico de drogas hacia Estados Unidos mediante sobornos, filtración de información y respaldo institucional, además de posibles delitos relacionados con posesión de armas.
Entre los señalados se encuentran:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también solicitó licencia
- Enrique Inzunza Cázarez
- Dámaso Castro Zaavedra
- Gerardo Mérida Sánchez
Postura del gobernador: niega acusaciones y anuncia defensa legal
En un mensaje público, Rocha Moya rechazó los señalamientos y los calificó como “falsos y dolosos”. Aseguró que su trayectoria respalda su actuación y que enfrentará el proceso conforme a derecho.
El mandatario afirmó:
- Tiene “la conciencia tranquila”
- No existe evidencia que sustente las acusaciones
- Demostrará su inocencia ante las autoridades mexicanas
Asimismo, sostuvo que no permitirá que el caso afecte al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fuerza política a la que pertenece.
Reacción institucional: México exige pruebas
La FGR solicitó al gobierno estadounidense la entrega de pruebas que respalden las acusaciones. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de extradición relacionadas con el caso.
Autoridades mexicanas han señalado que, hasta ahora, no existen elementos suficientes para proceder, por lo que cualquier acción dependerá de la evidencia que se presente.
Congreso de Sinaloa define sustitución temporal
Tras la solicitud de licencia, el Congreso de Sinaloa convocó a una sesión extraordinaria para designar a un titular provisional del Poder Ejecutivo estatal.
La medida busca garantizar la continuidad institucional en un escenario de incertidumbre política y legal.
Presión internacional: decomisos y alcance financiero
La acusación en Estados Unidos no solo contempla cargos penales, sino también acciones para confiscar bienes presuntamente vinculados a actividades ilícitas.
Entre las medidas destacan:
- Decomiso de propiedades, cuentas y activos financieros
- Confiscación de armamento utilizado en operaciones delictivas
- Aplicación de mecanismos para recuperar bienes ocultos o transferidos
Estas acciones buscan desarticular las estructuras económicas relacionadas con el caso.
Impacto político y escenario en desarrollo
El caso ha generado reacciones encontradas en el ámbito político nacional. Mientras la oposición exige investigaciones a fondo, aliados del gobierno federal llaman a respetar el debido proceso.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier señalamiento debe estar sustentado en pruebas sólidas, subrayando la defensa de la soberanía nacional.
El proceso se mantiene en etapa inicial, pero con implicaciones relevantes en materia política, legal y diplomática.
