- Los cinco integrantes del Comité renunciaron de manera irrevocable.
- Alegan “imposibilidad jurídica” para continuar con la evaluación de candidatos.
- El Senado realizará un sorteo público para definir las candidaturas judiciales.
El Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció su renuncia inmediata e irrevocable este lunes, argumentando que no existen condiciones jurídicas para continuar con su labor. El órgano, integrado por cinco magistrados, tenía como función evaluar a los candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio.
En un comunicado difundido en redes sociales, los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo explicaron que, pese a su compromiso de garantizar un proceso profesional y transparente, la tarea encomendada resultó inviable.
“Presentamos nuestra renuncia inmediata e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso asignado a este cuerpo colegiado”, señala el documento.
El Senado asume la selección de candidatos
Ante la renuncia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Senado asumir la responsabilidad de seleccionar a los aspirantes. En una decisión adoptada por mayoría de votos, el Tribunal instruyó a realizar un sorteo público o insaculación, mediante el cual los nombres de los candidatos serán colocados en esferas para ser seleccionados al azar.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el sorteo tendrá lugar el próximo 4 de febrero y contará con la supervisión de notarios públicos para garantizar la transparencia. Las listas resultantes serán enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para su aprobación. Si la SCJN no las valida, el Senado podrá enviarlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como definitivas.
Dudas sobre el proceso judicial
La renuncia de los magistrados refleja los problemas que enfrenta la implementación de la reforma judicial, diseñada para asegurar una selección basada en méritos. Sin embargo, la decisión de recurrir a un mecanismo aleatorio como el sorteo ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia y eficacia del proceso.
El Tribunal Electoral justificó la intervención del Senado señalando la necesidad de cumplir con el plazo del 31 de enero para enviar las listas de candidatos, argumentando que el retraso del Comité afectaba los derechos de los aspirantes elegibles.
Con esta medida, el Poder Judicial de la Federación entra en una etapa decisiva, donde las decisiones del Senado marcarán el rumbo del proceso judicial en los próximos días.
