El Congreso se perfila para analizar un proyecto que llegará cargado de dudas, tensiones y un calendario que avanza sin freno. Mientras todos intentan descifrar sus alcances, actores electorales y políticos exhiben una fractura que anticipa un debate complejo
A punto de cerrar 2025, el debate sobre la Reforma Electoral 2026 hierve en su punto más crítico. El país presencia el choque entre una visión de austeridad radical y la defensa del pluralismo democrático, una disputa que marcará el diseño institucional del México que viene.
El corazón del conflicto es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales. El oficialismo la celebra como un triunfo de la democracia directa y una medida de ahorro; la oposición, en cambio, la acusa de intentar silenciar a las minorías y consolidar una hegemonía legislativa.
A eso se suma la desaparición de los OPLEs, lo que centralizaría la operación electoral en un nuevo INEC, generando dudas sobre su capacidad para organizar miles de comicios locales.
El rediseño incluye un riesgo latente: el cambio en el financiamiento de los partidos, donde la reducción de recursos públicos podría abrir la puerta a capitales privados de origen incierto.
La prohibición total de la reelección completa el tablero: una apuesta por desmantelar cacicazgos, sí, pero a costa de interrumpir la profesionalización legislativa y debilitar la rendición de cuentas.
La discusión iniciará a mediados de enero, cuando la Presidenta presente la iniciativa ante el Congreso. El documento final será producto de los foros encabezados por Pablo Gómez, concluidos el 15 de diciembre.
El 1 de febrero comenzarán los foros de parlamento abierto en la Cámara. Entre marzo y abril, el dictamen será votado en San Lázaro para enviarse al Senado. Más tarde, los congresos locales tendrán la última palabra para que, en septiembre, pueda promulgarse la ley, cumpliendo el plazo de no modificar reglas 90 días antes del proceso 2027.
Como reloj suizo, todo avanza. Donde no camina es en los acuerdos. En el INE, las consejeras y consejeros cierran el año divididos: algunos respaldan lo medular; otros rechazan la reforma. La polémica estalló cuando la presidenta Guadalupe Taddei presentó una propuesta sin consenso.
En el Tribunal Electoral, presidido por Gilberto Bátiz, también hay reservas. Varias magistraturas no comparten la reducción de plurinominales, el recorte de prerrogativas estatales ni la desaparición de órganos locales.
La fotografía revela lo evidente: más allá de los designios presidenciales, no existe un criterio unificado en torno a la Reforma Electoral. Hay voluntad de cambiar lo que existe, sí; pero no claridad sobre cuánto ni en dónde.
México se aproxima a su mayor rediseño electoral en décadas, pero lo hace entre fracturas internas, suspicacias técnicas y batallas discursivas. Si la democracia se cocina a fuego lento, hoy el país debe vigilar que no se queme… y que nadie quiera apagar la flama del pluralismo bajo el pretexto de la austeridad.
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NO TERMINAN LOS PLEITOS en Zacatecas. El dirigente de Morena en la entidad, Rubén Flores, calificó de pecador y mentiroso al obispo Sigifredo Noriega, tras algunas críticas que el prelado lanzó contra la 4T.
Flores es muy cercano a la senadora Verónica Díaz, figura que integrantes de la familia Monreal no pueden ver ni en pintura. Esa cercanía explica, en parte, que el senador Saúl Monreal haya solicitado la destitución del dirigente partidista, luego de sus desafortunadas declaraciones.
Lo cierto es que detrás de esta polémica también se asoma la carrera por la gubernatura rumbo a 2027. Tanto Saúl como Verónica buscan la nominación, pese a que ninguno figura, por ahora, entre los favoritos.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si la fe mueve montañas, en Zacatecas mueve candidaturas… y pleitos también”.
