El gobierno llamó a cuentas al PT y al PVEM tras su crítica a la Reforma Electoral. Les recordó que el documento no está acabado y es viable modificarlo. El repliegue de los aliados también coincidió con la negociación de candidaturas en algunos estados
Poco les duró el gusto de la rebeldía a los partidos “aliados” de Morena. Más rápido de lo previsto, dieron su brazo a torcer.
El Partido del Trabajo, que dirige Alberto Anaya, y el Partido Verde, de Karen Castrejón, se echaron para atrás: su amenaza de romper la alianza con el morenismo por su desacuerdo con la Reforma Electoral quedó en un amago. Mucho ruido, poca ruptura.
Tras hacer público el desacuerdo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, los llamó a cuentas. El mensaje fue doble: el gobierno tampoco compartía el tono y la narrativa de algunos representantes —como el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval— y, además, el documento no está cerrado.
El planteamiento final, les dijo, será producto de las discusiones en la Cámara de Diputados y el Senado. No habló al aire. En Palacio Nacional crece la convicción de que, por ahora, es inviable desaparecer a los legisladores por el principio de representación proporcional.
Por eso ya se mueven opciones “intermedias”: en Morena ven viable bajar de 200 a 100 el número de plurinominales en la Cámara baja; en el Senado se quedarían igual.
Lo que sí cambiaría sería la fórmula: que todos sean electos por los ciudadanos a propuesta de los partidos y no mediante listas donde suelen colarse dirigentes y allegados.
Pero el giro del PT y el PVEM no se explica sólo por técnica legislativa. También pesa la política de premios: se sabe que se echaron para atrás porque les abrieron la puerta a postular candidatas y candidatos en estados como San Luis Potosí y Zacatecas, donde los gobernadores Ricardo Gallardo y David Monreal quieren heredar el cargo: el primero a su esposa y el segundo a su hermano.
Sea como fuere, la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, que comanda Luisa María Alcalde, parecen dispuestos a ceder para no soltar a sus aliados: incómodos en el discurso, indispensables en la mayoría.
Al final, la “rebeldía” del PT y el Verde duró lo que tardó en llegar la llamada correcta y la promesa adecuada: en esta alianza, los principios se negocian y las candidaturas se cobran. Y mientras la Reforma Electoral se vende como cirugía democrática, termina pareciendo trueque de cuotas: menos listas, sí… pero más herencias.
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OAXACA se convierte en el primer estado en aplicar la revocación de mandato para un gobernador. El próximo 25 de enero, la ciudadanía decidirá el futuro de Salomón Jara en un proceso histórico para el país. Y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum se dice respetuosa de la autonomía de los estados, ha planteado a los suyos que es un buen momento para que las demás entidades repliquen ese ejercicio.
Lo dice con toda convicción, porque cada vez hay más mandatarias y mandatarios que no dan una y se resisten a modificar las constituciones de sus estados para someterse al escrutinio público.
Ahí están los casos de los morenistas Julio Menchaca, de Hidalgo; Marina del Pilar Ávila, en Baja California; Layda Sansores, en Campeche; Rubén Rocha, en Sinaloa; o Joaquín Díaz, de Yucatán.
Todas y todos no quieren mover un dedo para pedir a la gente que evalúe sus gestiones; sin embargo, también es responsabilidad de su partido obligarlos a que incorporen esa dinámica en sus gestiones.
Y del lado de la oposición, un caso que cobra relevancia es el de Jalisco, con Pablo Lemus, quien apenas cumplió un año en el cargo y cada vez acumula más problemas que, por omisión o incapacidad, no ha podido resolver. Y la gente le exige resultados.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El miedo a la revocación revela el tamaño del desastre”.
