Más allá del discurso de austeridad y democracia, la reforma busca blindar al régimen frente a sus propios excesos: evitar la perpetuación de impresentables, cerrar la puerta a cacicazgos y controlar a un partido que ya amenaza con desbordarse
La Secretaría de Gobernación, con Rosa Icela Rodríguez al timón y un equipo especializado, ha recibido la encomienda de redactar la nueva reforma electoral. No se trata de un simple ajuste técnico, sino del rediseño profundo de las reglas del juego político en México, bajo la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El mensaje desde Palacio Nacional es claro: la reforma va, y va pronto. La mandataria quiere que el dictamen esté listo para discutirse y aprobarse en el próximo periodo ordinario de sesiones.
La meta: que entre en vigor en las intermedias de 2027. La prisa no es menor: con la maquinaria legislativa a favor, el momento es ahora o nunca.
La oposición ha encendido las alarmas. Ve en esta reforma un intento más del obradorismo de cerrar el círculo de poder. El dominio presidencial ya abarca el Congreso, buena parte de los gobiernos estatales, el Poder Judicial y, si todo sigue como pinta, también los órganos electorales podrían caer bajo su sombra.
El proyecto incluye propuestas polémicas: reducir el financiamiento a partidos, eliminar los pluris, limitar la reelección y –la joya de la corona– elegir consejeros electorales por voto ciudadano, una fórmula que ya encendió focos rojos desde que se impulsó para jueces y magistrados.
Desde el oficialismo, la narrativa es de transparencia y austeridad. Pero lo que no se dice es que hay una intención soterrada de instalar candados para evitar que Morena se le desborde desde adentro.
Hay preocupación –justificada– por los perfiles que ha reciclado el partido guinda: impresentables, ex priistas, figuras ligadas a escándalos y otros que han llegado sin más mérito que el dedazo. Sheinbaum lo sabe y, con esta reforma, también busca blindarse de esa fauna.
En esa lógica se prevé endurecer los requisitos para candidaturas, cerrarle el paso a la reelección de legisladores que han hecho del cargo un empleo vitalicio, y limpiar la imagen de una Cámara de Diputados y un Senado de la República saturados de improvisados y oportunistas.
La Presidenta tiene que cuidar su legado. Heredó el movimiento, pero quiere dejar su huella. La reforma electoral, entonces, no sólo será un instrumento de control institucional, sino un testimonio de cómo empieza a diferenciarse, aunque sea por matices, del obradorismo que la llevó al poder. Porque una cosa es continuar la transformación… y otra muy distinta, sobrevivir políticamente a ella.
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FALTA UN AÑO PARA QUE ARRANQUE LA COPA MUNDIAL de Futbol de 2026, evento que promete paralizar al planeta durante semanas y cuyo silbatazo inicial ya se escucha en los pasillos del poder.
La edición número 23 del torneo será histórica por celebrarse de forma conjunta entre EU, Canadá y México. Pero mientras el entusiasmo crece entre aficionados, en la 4T hay tensión.
Y es que, a pesar de compartir sede con dos potencias, México no parte como socio igualitario. La razón, dicen voces dentro del gobierno, tiene nombre y apellido: Enrique Peña Nieto.
Durante su gobierno, lejos de negociar un trato equitativo, aceptó términos desfavorables. Las obligaciones logísticas, de infraestructura y seguridad son más estrictas que para nuestros vecinos, y las sanciones por incumplimiento, desproporcionadas.
Mientras EU y Canadá presumen su músculo, México corre para ponerse al día, con menos partidos, menos presupuesto… y más presión. La derrama económica será significativa, sí, pero también lo será el desgaste institucional.
Así, a doce meses del silbatazo inicial, México no sólo alista estadios y rutas de transporte. También prepara argumentos para explicar por qué, una vez más, somos el socio que juega en desventaja… incluso en casa.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La reforma va tan limpia, que hasta quiere barrer a los sucios de Morena”.
