Impulsada desde Presidencia, la reforma en materia electoral busca reducir presupuesto, reconfigurar la elección de plurinominales y cambiar el método de selección de consejeros electorales
El tablero político mexicano vuelve a moverse, pero no por la voluntad ciudadana, sino por la calculadora del poder.
Con la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, el gobierno ha puesto en marcha un plan que, aunque disfrazado de modernización y ahorro, huele más a control político que a democracia fortalecida.
Los tres ejes de la reforma son claros: reducir el presupuesto al INE y a los partidos, modificar la fórmula para la elección de plurinominales y someter al voto ciudadano a los consejeros electorales.
Todo parece razonable hasta que se analiza el contexto: un oficialismo con mayoría en el Congreso y una oposición debilitada. En estas condiciones, el debate no es un ejercicio democrático, sino una carrera con meta fija.
La desaparición de los OPLES y su sustitución por oficinas mínimas no es sólo un recorte; es desmantelar estructuras locales que garantizan la organización de elecciones.
Y aunque eliminar “pluris” sin campaña suena justo, la propuesta de meter al Congreso a quienes queden en tercer lugar es un cambio que favorece el juego político de las cúpulas, no de la gente.
El golpe final será la elección de consejeros electorales bajo nuevas reglas. Como advirtieron desde Palacio después de la Judicial, la próxima gran batalla es por el control del árbitro electoral. Y aquí no hay misterio: el régimen quiere que ese árbitro le pite a favor.
En democracia, cambiar las reglas del juego es válido, pero hacerlo cuando ya tienes el balón, la cancha y el silbato es otra cosa: es garantizar que el resultado ya está decidido antes de empezar.
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LA SUCESIÓN en la presidencia del Senado de la República se cocina con la misma sazón de siempre: alianzas, traiciones y cálculo frío de votos.
Entre los duros de López Obrador y claudistas, Laura Itzel Castillo y Guadalupe Chavira buscan llegar para imponer sello ideológico, mientras Verónica Camino, con su historial de cambios de camiseta –PRI, Verde y ahora Morena–, se vende como carta de consenso.
Pero la trama deja claro que aquí no se habla de agendas legislativas ni de proyectos para el país, sino de quién controla la mesa y, con ella, la narrativa.
Con Adán Augusto López debilitado y Gerardo Fernández Noroña a punto de salir, el tablero se mueve no por convicciones, sino por pura aritmética política.
Al final, el Senado sigue siendo la misma pista de carreras: ganará no quien proponga más, sino quien reparta mejor los favores.
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EN PIEDRAS NEGRAS, la transparencia volvió a quedar en entredicho. El presidente municipal, Jacobo Rodríguez, reaccionó con furia cuando una periodista le preguntó si estaba dispuesto a someterse a un antidoping y hacer públicos los resultados.
En vez de responder con serenidad, eligió desviar el foco. Cuestionó si la misma interrogante se le había hecho al gobernador Manolo Jiménez.
Pero esta escena, más que un desencuentro, revela un patrón arraigado en la política: funcionarios que exigen confianza ciudadana en campaña, pero que rehúyen a la rendición de cuentas.
La pregunta no era un ataque, sino una oportunidad para poner el ejemplo y demostrar que no hay nada que ocultar. Sin embargo, la evasión y el regaño sustituyeron a la transparencia. Jacobo prefirió blindarse con soberbia antes que con honestidad.
La pregunta que no quiso responder es simbólica: era un antidoping que no sólo iba a medir sustancias, sino la verdadera voluntad de ser fiscalizado.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando el político se enoja por la pregunta, la respuesta ya la conocemos”.
