• Iniciativa plantea penas de hasta 70 años de prisión y multas elevadas
• Se busca que todo el país investigue feminicidios bajo los mismos criterios
• Incluye agravantes, pérdida de derechos y atención integral a víctimas
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa de reforma para fortalecer el combate al feminicidio en México, la cual será enviada al Senado con el objetivo de homologar este delito en todo el país y endurecer las sanciones.
Reforma constitucional y enfoque integral
La propuesta contempla modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio. Con ello, se busca unificar el tipo penal, las sanciones y los protocolos de investigación en todas las entidades.
Godoy subrayó que el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado en materia de justicia, legislación y políticas públicas.
Nuevas sanciones y agravantes
El proyecto establece penas de entre 40 y 70 años de prisión, así como multas de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). En casos de tentativa, se contempla una sanción equivalente a entre la mitad y dos terceras partes de la pena.
Además, se reconocen nueve razones de género para acreditar el delito, como la existencia de violencia sexual, antecedentes de agresión, relaciones de subordinación, incomunicación o estado de indefensión de la víctima.
También se incorporan 21 agravantes que podrían incrementar la pena, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, esté embarazada o tenga discapacidad; que el crimen sea cometido por un servidor público; o que ocurra frente a familiares.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.
Asimismo, se establece que el delito será perseguido de oficio y que tanto las sanciones como la reparación del daño serán imprescriptibles.
Pérdida de derechos para agresores
La propuesta contempla que los responsables pierdan derechos legales y patrimoniales, incluyendo la patria potestad sobre hijas e hijos, así como la tutela, custodia y cualquier beneficio vinculado a la víctima o sus familiares.
También quedarían sin acceso a derechos sucesorios o bienes relacionados directa o indirectamente con la víctima.
Fortalecimiento institucional y atención a víctimas
La iniciativa plantea que la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales cuenten con unidades especializadas, integradas por personal capacitado en investigación criminal, atención a víctimas y medidas de protección.
Se busca garantizar la continuidad de las investigaciones sin interrupciones, incluso ante cambios de turno.
En paralelo, se establece un sistema de atención integral para víctimas directas e indirectas, que incluye acceso a justicia, servicios de salud, apoyo psicológico, asesoría jurídica y seguridad social, especialmente para menores en situación de orfandad.
Además, se propone la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes afectados por feminicidio, así como mecanismos de coordinación entre instituciones para mejorar la prevención y atención de este delito.
