La propina que nació como gratitud, se convirtió en un recargo forzoso disfrazado de servicio. Y mientras esa diferencia no se haga valer en cada cuenta, el abuso seguirá siendo el verdadero “cargo no incluido” en la conversación pública
En México la vida nocturna se ha convertido para muchos en una ruleta de cargos “sugeridos” que en realidad son groseros, violentos y obligatorios; y en zonas de la capital del país como Polanco, donde el pago de piso impuesto por grupos criminales es un secreto a voces, la cuenta final ya no cobra solo el consumo: cobra extorsión, miedo e impunidad que ya es una dolorosa realidad en la vida nocturna del país.
La escena se repite cada noche en la capital: cuentas infladas con 15, 20 y hasta 30% de propina incluida sin preguntar, meseros presionados para “defender” ese monto y clientes que prefieren pagar, para evitar el conflicto y no se les “vete” de ese que es su lugar de moda. Todo lo anterior no es una anécdota aislada: es una práctica extendida que convierte la cortesía de un servicio, en un impuesto forzado.
La ley, en cambio, es clarísima. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó este año, con base en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que la propina es voluntaria: no puede condicionarse el servicio, el tipo de mesa, y/o acceso, la propina, no puede incluirse de oficio en la cuenta y más importante aún, no se puede obligar al comensal a pagarla. Lo cierto es que en México lo hacemos siempre, y en su mayoría con al menos el 10% por agradecimiento a un buen servicio.
La verdad es que cualquier cargo extra sin autorización es en sí, una práctica comercial abusiva que puede denunciarse. El Gobierno capitalino, desde 2023, refrendó esa misma ruta al anunciar un nuevo reglamento para restaurantes y bares que busca frenar abusos y “refrendar que la propina es voluntaria”.
La ley, sin embargo, no deja espacio a interpretaciones y voluntades. La Profeco ha reiterado una y otra vez que la propina es voluntaria, que no puede incluirse de manera automática, ni condicionarse el servicio a su pago. Y aun así, lo que debería ser una excepción, se ha vuelto costumbre.
El problema ya no es solo la existencia del 10%, es el abuso de incluir el X % sin autorización del cliente final, sobre todo en lugares nocturnos: antros, bares, espacios “de moda”.
La Profeco ya ha sancionado algunos locales en el Centro Histórico y Polanco, entre otros lugares, a través de operativos; algunos bares y terrazas reciben sellos de suspensión por cobrar propinas obligatorias o manipular precios sin previo aviso al cliente.
Lo cierto es que no existe un registro público, verificable y actualizado que indique cuántos restaurantes, bares o antros han sido suspendidos o clausurados específicamente por esta práctica. Casos sueltos, comunicados aislados, ninguna radiografía completa, ahí está el reto. Sin datos, tampoco hay política pública real que los elimine por completo.
Por otro lado, también hay otro dato incómodo: la Ciudad de México concentra más de 44 mil establecimientos de comida y bebida con categoría turística, y más de 33 mil de ellos son restaurantes. Es un ecosistema vasto, competitivo y desigual, donde el salario base de meseras y meseros rara vez garantiza estabilidad.
También hay que decirlo, la realidad salarial de las y los trabajadores es en su mayoría preocupante, por lo que dependen de la propina para equilibrar sus ingresos. La precariedad laboral que ejercen los contratistas en los lugares nocturnos, no puede convertirse en excusa para trasladar al consumidor final una obligación que la ley jamás estableció.
Pero no podemos ser injustos, y no hablar sobre los retos que viven los empresarios de esta industria: los retos en materia de seguridad para poder abrir. No podemos despedir este texto sin señalar los obligados cobros de piso que, en muchas ocasiones, obligan a la industria restaurantera y nocturna a inflar sus costos para poder operar y repartir.
Un ejemplo claro en CdMx es Polanco. Fuentes me revelaron que deben pagar hasta el 30% de cobro de piso de sus ganancias semanales en bares y antros, contemplando que en promedio venden entre los 500 mil y un millón y medio por día, detrás de ello suenan cárteles importantes como el Cártel Tepito, que deciden sobre qué comercios nocturnos pueden y tienen permiso de seguir operando, o deben cerrar, lo que no justifica nunca, el abuso disfrazado de propina de muchos lugares de la capital.
La pregunta es simple y, a la vez, urgente: ¿cómo construir una cultura de consumo justa, segura, cuando el modelo laboral del sector descansa en prácticas que bordean la ilegalidad? Porque el verdadero debate no es si dejamos 15, 20 o 10 por ciento. El debate es ¿por qué la industria necesita forzar la propina para sostener salarios? y ¿por qué la autoridad permite que la línea entre servicio y recargo obligatorio se vuelva cada vez más frágil.
En toda esta narrativa, lo cierto es que los empresarios viven cada vez más inseguros y obligados a pagos de piso para poder operar sus negocios. Muchos de ellos saben que si no pagan deben cerrar sus operaciones.
La propina que nació como gratitud, se convirtió en un recargo forzoso disfrazado de servicio. Y mientras esa diferencia no se haga valer en cada cuenta, el abuso seguirá siendo el verdadero “cargo no incluido” en la conversación pública.
Reflexionar sobre el cobro abusivo de propinas no es un capricho, reflexionar sobre los cobros de piso que fracturan a empresarios tampoco lo es.
Esto es una editorial y conversación sobre dignidad laboral, transparencia comercial, retos en materia de seguridad a la industria restaurantera y/o hostelera, y sobre todo el respeto al consumidor final. Y mientras los establecimientos en CDMX no respeten la confianza del consumidor, seguiremos pagando, sin decidirlo, el costo de un sistema que aprendió a disfrazar el abuso de agradecimiento.
