La prisión preventiva nació como una excepción. Hoy se defiende como política pública. Y cuando una medida cautelar se convierte en consigna, deja de ser cautelar y se transforma en castigo anticipado.
En el discurso oficial, la presunción de inocencia sigue siendo intocable. En la práctica, basta la imputación de ciertos delitos para que una persona sea privada de la libertad sin que un juez analice su caso concreto. No hay valoración del riesgo ni ponderación real: el encierro se impone por mandato constitucional. El proceso penal deja de ser un espacio de justicia y se reduce a una formalidad.
Durante un breve periodo, algunos jueces intentaron corregir esta lógica. A la luz de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordaron algo elemental: la prisión preventiva automática vacía de contenido a la presunción de inocencia. No se trataba de debilitar al Estado, sino de impedir que el castigo sustituyera al juicio.
La reacción política fue inmediata. Se les acusó de “proteger delincuentes” y se reforzó la narrativa de que más cárcel equivale a más seguridad. Interpretar la Constitución pasó a verse como un obstáculo, no como una función judicial. El mensaje fue claro: en materia penal, resistir es sospechoso.
El retroceso judicial que siguió no responde tanto a una nueva convicción jurídica como a un clima político punitivo. La literalidad de la norma se convirtió en refugio, y la cárcel, en solución automática. Así, el juez dejó de ser un contrapeso del poder punitivo y pasó a ser su ejecutor más dócil.
La prisión preventiva oficiosa opera hoy como una pena sin sentencia. El imputado pierde la libertad, el trabajo y la vida cotidiana, aunque eventualmente resulte absuelto. El daño no se repara; se administra. Y el sistema lo asume como un costo aceptable.
Lo verdaderamente preocupante no es solo que se encarcele sin condena, sino que se celebre. Que el castigo anticipado se venda como justicia y la renuncia a las garantías como firmeza. Cuando el Derecho Penal se pone al servicio del discurso político del miedo, deja de proteger a la sociedad y empieza a disciplinarla.
Eso no es seguridad. Es poder punitivo sin paciencia democrática.
