El Gobierno de Javier Milei en Argentina ha generado controversia con un nuevo decreto que limita el acceso a la información pública. Esta medida ha preocupado a organizaciones civiles y medios de comunicación.
El decreto modifica la ley de acceso a la información pública, en vigor desde hace siete años. Ahora, el Estado no tiene que proporcionar información sobre la vida privada de los funcionarios, como quién entra en la residencia presidencial o cuántos perros tiene el presidente. Además, se excluyen documentos preparatorios de decisiones estatales, como reuniones previas y papeles de trabajo.
La ley original permitía a los ciudadanos solicitar información pública, ayudando a investigar comportamientos indebidos y promoviendo la transparencia en la gestión pública.
La Fundación Poder Ciudadano ha criticado el decreto, argumentando que no puede restringir el acceso a la información más allá de lo permitido por la ley aprobada por el Congreso. Este acceso es un derecho humano, y la información en manos del Estado pertenece a los ciudadanos, no al Gobierno.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, ha dicho que están considerando llevar el caso a la Justicia para que se declare el decreto como inconstitucional. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también ha expresado su rechazo, advirtiendo que la medida representa un grave retroceso democrático al limitar la participación ciudadana y oscurecer la gestión pública. Además, la reglamentación introduce un artículo que podría imponer indemnizaciones por violaciones al principio de buena fe.
El foro ha subrayado que la información pública debe ser accesible por regla general y no como una concesión discrecional de los gobiernos.
