• Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
• El PAN atribuye a la política de “abrazos, no balazos” el incremento de la violencia, desapariciones y fortalecimiento de grupos criminales.
• La dirigencia panista argumentó que recurrió a instancias internacionales por considerar que en México no existen condiciones para una investigación independiente.
Acusan ante organismo internacional presuntos delitos vinculados a la violencia
El Partido Acción Nacional (PAN) informó que interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investiguen posibles responsabilidades penales del expresidente Andrés Manuel López Obrador por hechos relacionados con la estrategia de seguridad aplicada durante su gobierno.
De acuerdo con la dirigencia nacional del partido, la denuncia está relacionada con presuntos delitos de lesa humanidad derivados de la crisis de violencia que enfrenta el país y que, sostienen, se agravó durante el sexenio pasado bajo la política conocida como “abrazos, no balazos”.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, afirmó que la acción legal busca esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo.
“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni siquiera un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia”, expresó.
Señalan homicidios, desapariciones y expansión del crimen organizado
La denuncia presentada por Acción Nacional sostiene que durante el periodo 2018-2024 se registraron más de 200 mil homicidios dolosos, más de 150 mil personas desaparecidas, miles de masacres, desplazamientos forzados y una creciente presencia territorial de organizaciones criminales.
Asimismo, el PAN argumenta que la situación actual de inseguridad no fue producto de hechos aislados, sino consecuencia de decisiones gubernamentales que, a su juicio, permitieron el fortalecimiento de grupos delictivos.
Roberto Gil Zuarth señaló que los resultados de la estrategia de seguridad son visibles en distintas regiones del país, donde comunidades enteras han enfrentado violencia y pérdida de control institucional.
Cuestionan presunta relación entre política y crimen
La dirigencia panista aseguró que el fortalecimiento de los grupos criminales también habría derivado en una mayor influencia sobre distintos ámbitos de la vida pública.
En ese contexto, mencionó investigaciones y señalamientos públicos relacionados con figuras políticas de Morena en entidades como Sinaloa, Michoacán, Sonora y Tamaulipas.
El PAN sostuvo que permitir el crecimiento de las organizaciones criminales genera responsabilidades políticas y jurídicas que deben ser investigadas por las autoridades competentes.
Argumentan falta de confianza en las instituciones nacionales
Otro de los puntos expuestos por Acción Nacional es que las instituciones encargadas de impartir justicia en México ya no ofrecen, a su juicio, las garantías suficientes para realizar investigaciones independientes.
Jorge Romero y otros integrantes del partido señalaron que organismos responsables de la procuración e impartición de justicia han perdido autonomía y credibilidad.
Por ello, explicaron, decidieron recurrir a la Corte Penal Internacional para solicitar una revisión de los hechos relacionados con la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno anterior.
Balance de violencia durante el sexenio
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se registraron alrededor de 201 mil homicidios en México.
Esa cifra superó los niveles reportados en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque el expresidente reconoció en diversas ocasiones que la reducción de homicidios fue uno de los desafíos pendientes de su administración, defendió que la tendencia de la violencia comenzó a disminuir durante su mandato.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado la estrategia aplicada en el sexenio anterior, aunque su gobierno ha impulsado nuevas acciones operativas contra organizaciones criminales.
