Prohibir la venta de vapeadores, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, obedeció a un problema familiar que empuja un mercado de miles de millones de pesos hacia la ilegalidad y fortalece al crimen organizado
Un capricho personal del expresidente Andrés Manuel López Obrador terminó convertido en política de Estado. El Congreso aprobó una reforma constitucional que prohíbe la venta de vapeadores y cigarros electrónicos en México, enarbolando el discurso de siempre: todo se hizo “para mejorar la salud de los mexicanos”. Sin embargo, el origen del cambio está en otra parte.
El hijo menor del ex mandatario apareció en diversas ocasiones usando estos dispositivos. Era —o sigue siendo— consumidor asiduo y, como el de Macuspana no logró imponer autoridad en su propia casa, decidió hacerlo por la vía que mejor domina: empujar una reforma desde el poder.
Muchos dirán que AMLO actuó como padre responsable, preocupado por sus hijos y por el pueblo. Pero no es lo mismo ser paternal que paternalista.
Lo paternal implica cuidado y afecto; el paternalismo, en cambio, es una actitud controladora, condescendiente, que decide por otros “para su propio bien” y limita su autonomía. Trasladado al terreno de la política, el resultado suele ser una mezcla de prohibición, mercado negro y más violencia.
Ahí radica el problema. Por eso, expertos anticipan impactos negativos en la salud de los mexicanos y en las finanzas públicas. El mercado de vapeadores no desaparece por decreto: se va al contrabando, a la evasión de impuestos y al terreno fértil del crimen organizado.
Los números lo confirman. Este negocio está valuado en unos 26 mil millones de pesos anuales, con crecimiento constante y un incremento de 2.1% de uso en adultos, según datos de 2022.
Y tras el anuncio de que venía la prohibición, grupos criminales inundaron las calles con productos de origen desconocido, sin regulación ni control de calidad, con riesgos reales para la salud de los consumidores.
Expertos del Colegio de México advierten que una regulación formal —no una prohibición total— podría generar ingresos vía IEPS. Calculan que alrededor de 5 mil millones de pesos anuales se mueven hoy en la informalidad, dinero que el Estado deja ir mientras presume su cruzada moral contra los vapeadores.
La paradoja es la de siempre: la reforma prohíbe producir, importar, exportar, almacenar, distribuir y vender vapeadores y dispositivos análogos, pero no castiga el consumo ni la posesión para uso personal.
El usuario puede vapear; el que vende se arriesga a penas de uno a ocho años de prisión y multas que van de 11 mil a 226 mil pesos. Se criminaliza al comerciante, se victimiza al consumidor y se fortalece al traficante.
Más aún, el gobierno mantiene intacto el negocio de otros productos igual o más dañinos: alcohol, azúcares, grasas saturadas. Ahí no hubo prohibición, sino recaudación. Se cuida la “salud” de las arcas públicas, no necesariamente la de los ciudadanos.
Al final, donde manda ex presidente no gobierna Congreso. Diputados y senadores de Morena, encabezados por Ricardo Monreal y el obsequioso Adán Augusto López, podrán colgarse la medalla y decir: misión cumplida. El problema es que esa misión tiene más de capricho moralista que de verdadera política de salud, y el costo lo pagarán los mexicanos.
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POCAS, POR NO DECIR NULAS, son las oportunidades que tendrá el PRI de cara a las elecciones de 2027 en 17 estados de la República.
De acuerdo con la encuesta más reciente de Question Mark y El Heraldo de México, el tricolor de Alejandro Moreno aparece en segundo lugar sólo en tres entidades: Guerrero, Nuevo León y Sinaloa.
Únicamente en Nuevo León se ubica cerca del puntero, MC; en los demás estados está muy lejos del partido guinda, lo que confirma que la peculiar forma de hacer política del pendenciero “Alito” no le está dando resultados.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Si el PRI fuera una empresa, con esos números ya estaría en liquidación”.
