• Comité de la ONU señala magnitud y patrón sistemático en desapariciones
• Más de 6 mil cuerpos y 76 mil restos hallados en fosas clandestinas
• Caso será elevado a la Asamblea General para definir acciones internacionales
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advirtió que la crisis de desapariciones en México ha alcanzado niveles que podrían ser considerados como crímenes de lesa humanidad, debido a su magnitud, recurrencia y el impacto directo sobre la población civil.
Dimensión de la crisis en México
El organismo internacional subrayó que el volumen de desapariciones y el patrón en que ocurren son factores clave para su posible clasificación como crimen de lesa humanidad. Su presidente, Juan Albán-Alencastro, explicó: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
Como evidencia, el comité destacó el hallazgo constante de fosas clandestinas en el país, donde se han localizado más de 6 mil 200 cuerpos y cerca de 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar.
Falta de avances y presión institucional
A pesar de las acciones implementadas tras la visita del comité en 2021, los expertos señalaron que no se ha observado una mejora sustancial en la situación. Indicaron que las autoridades continúan rebasadas por la dimensión del problema y urgieron a impulsar reformas estructurales que permitan prevenir y atender eficazmente las desapariciones.
Además, México concentra el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada a nivel mundial. Entre 2012 y febrero de 2026 se han registrado 819 casos —equivalentes al 38 % del total global—, con un repunte reciente de 40 nuevas solicitudes en apenas cinco meses.
Posibles responsables y contexto del delito
El comité señaló que muchas desapariciones ocurren en el contexto de la violencia vinculada al crimen organizado, especialmente en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”. Aunque no se identifican indicios de una política estatal sistemática, sí existen casos en los que se investiga la posible participación directa de funcionarios públicos o su colaboración con grupos delictivos.
Intervención internacional y medidas propuestas
La solicitud del comité fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, para que el tema sea remitido con carácter urgente a la Asamblea General.
Entre las acciones que podrían impulsarse se contemplan mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en labores de búsqueda, análisis forense e investigación, así como el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar el problema.
