La orden de arresto contra el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia ha sido rechazada por nueve países de Latinoamérica: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Estos países han emitido un comunicado conjunto denunciando la orden como un intento de silenciar a González y una forma de persecución política. Además, critican la falta de separación de poderes y las detenciones arbitrarias en Venezuela.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) también se unió al rechazo, señalando que la orden de arresto es parte de una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó al poder judicial venezolano de ser un instrumento de represión y violación de libertades fundamentales.
La Fiscalía de Venezuela solicitó el arresto de Edmundo González por supuestos delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos relacionados con las actas electorales de las presidenciales del 28 de julio. La solicitud de arresto se realizó tras el incumplimiento de tres citaciones por parte de González, quien no se presentó ante la Fiscalía debido a la falta de claridad sobre los cargos y la negación de las acusaciones.
La acusación contra González también incluye instigación a la desobediencia de leyes, conspiración y sabotaje. La investigación se centra en la publicación de actas electorales por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que denuncia fraude en las elecciones y sostiene que González ganó por un amplio margen, lo que ha sido disputado por el Ejecutivo y respaldado por algunos países. La Fiscalía advirtió que, si González no se presenta, se emitirá una orden de aprehensión por riesgo de fuga.
