En su primera reunión, los nuevos ministros exhibieron diferencias sobre temas administrativos y simbólicos, como las sesiones itinerantes o el uso de la toga. También surgieron dudas sobre si se revisará la gestión de los salientes
Apenas recibieron su constancia de mayoría, y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya enfrentan sus primeros choques. Y quedó claro que la armonía no será la tónica de este nuevo ciclo judicial.
En su primer encuentro privado, celebrado esta semana, lo que se pensó sería una reunión de cortesía –como alumnos en su primer día de clases– se convirtió en una antesala de tensiones. En lugar de hablar de afinidades, surgieron discrepancias.
El ministro electo Arístides Guerrero –apodado como “el ministro chicharrón”– propuso llevar las sesiones de la Corte a plazas públicas, universidades o ciudades del interior del país. La idea de una Suprema Corte itinerante. Pero el entusiasmo no fue compartido.
Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz –el bloque de mayor experiencia entre los nuevos perfiles– cuestionaron el costo y la viabilidad logística. Trasladar toda la maquinaria del máximo tribunal no es asunto menor. Implica recursos que, simplemente, no están presupuestados.
A esa tensión se sumó otro punto espinoso: la sugerencia del nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, de eliminar la obligatoriedad del uso de la toga. Tema menor para algunos, pero que también dividió opiniones y será discutido en la próxima sesión, prevista para inicios de julio.
Y no sólo se debatieron formas. También se asomaron viejas cuentas. Algunos nuevos ministros preguntaron abiertamente si se hará borrón y cuenta nueva, o si se revisarán las decisiones tomadas por salientes como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En resumen, la reunión no fue de bienvenida, sino de advertencia. Las afinidades políticas que unieron a estos nuevos perfiles en su origen parecen diluirse frente al peso de la toga, la carga de trabajo heredada y la disputa por el control del nuevo rostro de la justicia en México. Porque en la nueva Corte, el conflicto no será entre conservadores y progresistas, sino entre los que quieren protagonismo… y los que ya lo están reclamando.
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AUNQUE PÚBLICAMENTE niegan sentirse perseguidos, en los pasillos del Poder Judicial resuena una narrativa distinta. Algunos ministros y ministras que se preparan para dejar la Corte aseguran que el hostigamiento no es paranoia, sino una práctica orquestada desde el poder. Vigilancia, espionaje y filtraciones forman parte del menú con el que se alimenta la desconfianza institucional.
Uno de los casos más comentados es el de la ministra presidenta Norma Piña. En su entorno más cercano aseguran que su vida personal ha sido blanco de un seguimiento que rebasa los límites del respeto y la privacidad.
Un dato lo ilustra: sólo dos personas sabían por qué Piña viaja con frecuencia a Vancouver. Ambas de absoluta confianza. Sin embargo, el dato fue filtrado y publicado en medios con una narrativa distorsionada, insinuando un supuesto “autoexilio” anticipado.
La realidad es muy distinta. La ministra no planea escapar ni solicitar refugio diplomático. Visita Canadá porque una persona muy cercana a ella enfrenta un tratamiento médico delicado. Y todo apunta a que, al concluir su gestión, pasará una temporada en ese país para acompañarla.
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TODO APUNTA A QUE JAIME BONILLA es uno de los principales artífices de la campaña en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en México y en EU.
El ex mandatario busca cobrar factura por haber frenado el millonario proyecto para construir una planta fotovoltaica en Mexicali, de la mano de la empresa Next Energy. Hasta hace unos meses, ex funcionarios de Bonilla habían acumulado unos 40 amparos para evitar comparecer ante un juez.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La nueva Corte ya no debate derecho, ahora discute vestuario y rutas turísticas”.
