- Las diez consejerías del INE acordaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a los posibles responsables de irregularidades.
- El organismo solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión extraordinaria de sus contratos y adquisiciones desde 2023.
- Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, calificó de “indefendible” a Guadalupe Taddei y pidió investigar también los antecedentes de contratación del Instituto.
INE prepara acciones legales por posibles irregularidades
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen las presuntas irregularidades registradas durante la gestión de Guadalupe Taddei, informó la consejera presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García.
De acuerdo con la funcionaria, las diez consejerías acordaron que sus equipos jurídicos preparen el documento, cuya presentación está prevista a más tardar para el miércoles 4 de noviembre.
La denuncia no estará dirigida exclusivamente contra Taddei. La intención es que las autoridades investiguen a cualquier funcionario, actual o anterior, que pudiera tener alguna responsabilidad.
Cruz García precisó que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para iniciar procedimientos y establecer posibles sanciones.
Auditoría revisará compras y contratos desde 2023
Además de la denuncia, el INE solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de sus adquisiciones y procedimientos de contratación, particularmente los realizados desde 2023, año en que comenzó la gestión de Taddei.
La revisión abarcará licitaciones, adjudicaciones directas, contratos y posibles conflictos de interés. También se desarrollan auditorías a cargo del Órgano Interno de Control del Instituto.
Las consejerías preparan un acuerdo para facilitar el trabajo de la ASF y proporcionar la información necesaria para esclarecer las posibles irregularidades.
Contrato para producir credenciales también está bajo revisión
Uno de los asuntos que examina el Instituto es el contrato para la producción de credenciales para votar, cuyo monto supera los mil millones de pesos.
Blanca Cruz aseguró que todos los contratos serán revisados. Explicó que, si las investigaciones justifican cancelar alguno, el INE deberá iniciar un nuevo procedimiento de licitación para garantizar que el servicio no se interrumpa.
La revisión también contempla los procedimientos relacionados con la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
Ariadna Montiel cuestiona la gestión de Taddei
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó de “indefendible” a Guadalupe Taddei y sostuvo que su actuación no correspondió a los principios que deben cumplir los servidores públicos.
Durante su conferencia semanal, la dirigente partidista pidió a la ASF investigar los antecedentes de Taddei, desde su nombramiento como presidenta del Instituto Electoral de Sonora hasta los contratos celebrados durante su trayectoria en el ámbito electoral.
Montiel también señaló que las posibles irregularidades deben analizarse desde administraciones anteriores del INE. En particular, mencionó el periodo en que Edmundo Jacobo ocupó la Secretaría Ejecutiva y cuestionó la concentración de contratos en determinados proveedores.
La dirigente de Morena extendió sus señalamientos a los procesos electorales de 2006 y 2012, que calificó como una etapa de deterioro institucional.
Morena asegura que las elecciones de 2027 están garantizadas
A pesar de la crisis que enfrenta el organismo electoral, Montiel afirmó que el proceso electoral de 2027 no está en riesgo. Argumentó que el INE cuenta con un servicio profesional de carrera y una estructura que permite mantener sus actividades.
Por su parte, Blanca Cruz aseguró que el Instituto continuará operando con normalidad, pese a las 30 bajas de funcionarios registradas hasta el momento, 17 de ellas correspondientes a integrantes de la oficina de Taddei.
La consejera presidenta provisional reiteró que las investigaciones deberán seguir las vías institucionales y quedar en manos de las autoridades facultadas para determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles delitos.
