• Aseguran no tener dinero para pagar abogados y ofrecen presentar pruebas ante el juez
• Defensa acusa que sanciones de EE. UU. impiden financiar su representación legal
• Solicitan desestimar cargos o abrir una audiencia por presuntas violaciones constitucionales
El equipo legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores informó a un tribunal federal en Nueva York que ambos carecen de recursos económicos para cubrir los costos de su defensa en el proceso por narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos.
En un documento presentado ante el juez Alvin Hellerstein, los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly incluyeron declaraciones juradas en las que sus clientes sostienen que no pueden pagar a su equipo legal y están dispuestos a demostrarlo con evidencia financiera si el tribunal así lo solicita.
El escrito fue entregado días antes de la audiencia programada para el próximo 26 de marzo, en la que se espera que avance el proceso judicial en su contra.
Sanciones bloquean financiamiento de la defensa
La defensa argumenta que las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han impedido que el gobierno venezolano cubra los honorarios legales, lo que —afirman— afecta directamente su derecho a elegir representación.
Según los abogados, esta situación vulnera garantías constitucionales de Estados Unidos, particularmente el derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. También señalaron que en otros casos similares se ha permitido que terceros sancionados financien servicios legales, lo que consideran una aplicación inconsistente de las normas.
Defensa rechaza abogado de oficio
El gobierno estadounidense ha planteado como alternativa la asignación de un defensor público; sin embargo, la defensa de Maduro y Flores rechazó esta opción al considerar que no sustituye el derecho a elegir libremente a sus abogados.
“Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución”, expusieron en el documento.
Por ello, solicitaron al juez que los cargos sean desestimados por considerar que el proceso es “inconstitucionalmente defectuoso”, o bien que se realice una audiencia específica para analizar estas condiciones.
El caso se mantiene en una fase clave, a la espera de la resolución judicial que podría definir el rumbo del proceso.
