La medida, bautizada mediáticamente como “Ley Esposa” o “Ley Gobernadora”, se presenta como una acción afirmativa para “corregir” décadas de exclusión femenina del poder, pero el objetivo legislativo, parece tener dedicatoria familiar rumbo al 2027
El pasado 14 de noviembre la mayoría del Congreso de San Luis Potosí aprobó el decreto que colocó en el centro del debate nacional los trabajos de gobierno encabezados por José Ricardo Gallardo, al aprobar una reforma constitucional-electoral que establece que, en 2027, “solo mujeres” podrán competir por la gubernatura.
La medida, bautizada mediáticamente como “Ley Esposa” o “Ley Gobernadora”, se presenta como una acción afirmativa para “corregir” décadas de exclusión femenina del poder, pero el objetivo legislativo, parece tener dedicatoria familiar rumbo al 2027.
Quienes defienden esta Reforma, sostienen que no elimina la competencia, sólo redefine quiénes pueden participar. Pero la política no se mide solo por intenciones, sino por sus efectos legislativos reales.
Y aquí surgen las alertas: una regla transitoria que “excluye explícitamente a los hombres” puede cruzar la línea de la paridad hacia la “discriminación inversa”, pero sobre todo, abrir la puerta a beneficios directos para figuras cercanas al poder local de cara a la próximas elecciones.
Lo cierto es que la igualdad sustantiva no debería convertirse en un atajo electoral disfrazado de paridad.
Sobre este tema, Morena anunció que impugnará la Reforma al considerar que: acota la libertad de elección ciudadana. Su dirigente, Luisa María Alcalde, cuestionó la constitucionalidad de legislar así.
A la cautela se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó que el sistema electoral mexicano (INE), ya garantiza la paridad en las candidaturas, y pidió revisar si “imponer turnos por género” es, en efecto, la mejor vía para fortalecer a las mujeres en política. Incluso se planteó la revisión jurídica con figuras como Arturo Zaldívar.
Con 17 gubernaturas en juego en el próximo ciclo electoral, el precedente sí importa. La pregunta y el debate no está en si queremos más mujeres gobernadoras, y mayor paridad de género, eso es indiscutible, sino en el ¿Cómo: qué ruta legislativa y jurídica permite avanzar hacia la igualdad sin sacrificar los principios básicos de la democracia ni la constitucionalidad?
Un argumento a favor es claro y atendible: Sólo 13 mujeres gobiernan los estados del país, y las gubernaturas en México siguen siendo un bastión históricamente cerrado para las mujeres.
En los hechos, este decreto debió blindarse para impedir que la paridad se use como vehículo de continuidad familiar, estableciendo límites explícitos a la participación de parientes de quienes detentan el poder en el mismo proceso electoral o en periodos consecutivos. Sin esos candados, la acción afirmativa corre el riesgo de convertirse en herencia política, no en igualdad sustantiva.
El trasfondo de todo esto no es menor. Una regla transitoria puede reordenar el tablero y, de paso, favorecer perfiles cercanos al poder local bajo el paraguas de la paridad. La igualdad sustantiva no debería servir como coartada electoral. Si la acción afirmativa se percibe como ventaja legislativa diseñada, esta, pierde legitimidad…
Y rumbo al 2027, además de San Luis Potosí, otros congresos estatales están discutiendo o han impulsado propuestas parecidas, algunos ya alzaban la mano para que sus esposas fueran candidatas a los gobiernos…
Por ejemplo en Nuevo León, hay una iniciativa similar que busca que solo mujeres compitan para la gubernatura en 2027, aunque aún no ha sido aprobada formalmente,
Otro caso es el Congreso de Hidalgo también estaba analizando una reforma parecida para las elecciones, pero esa propuesta quedó temporalmente congelada para evitar posibles impugnaciones y revisar su diseño jurídico.
El debate está abierto, Ley Esposa: ¿ Es un avance histórico en igualdad sustantiva o solo ventaja política, disfrazada de paridad? Lo cierto es que la ruta electoral ya comenzó y hay 17 gubernaturas en juego…
