- La SCJN atrajo el caso por seis votos y analizará la legalidad de la pena de 45 años
- El debate central es si el homicidio debió juzgarse en fuero federal o estatal
- El caso será turnado a un ministro para elaborar el proyecto de sentencia definitiva
La Suprema Corte asume el caso
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ejercer su facultad de atracción para revisar el caso de Mario Aburto Martínez, sentenciado por el homicidio del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.
Por mayoría de seis votos, el pleno determinó atraer los amparos relacionados con la condena impuesta a Aburto, lo que permitirá que el máximo tribunal emita una resolución definitiva sobre su situación jurídica.
Qué revisará la Corte
El análisis de la Corte se centra en determinar qué marco legal debió aplicarse al momento de dictar sentencia. En particular, se revisará si el homicidio debió juzgarse conforme al Código Penal Federal, bajo el cual se impuso una pena de 45 años de prisión, o conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, que establecía una pena máxima de 30 años por homicidio doloso.
Este punto es clave porque, de confirmarse el criterio estatal, la condena original habría sido mal calculada, lo que abrió la puerta a recursos legales promovidos por la defensa.
Antecedentes del amparo
En octubre de 2023, un Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en el Estado de México, dejó sin efecto la sentencia de 45 años y ordenó emitir una nueva conforme a la legislación penal de Baja California. El tribunal consideró que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no debió procesar el caso con base en el fuero federal.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó esa determinación, lo que llevó el asunto nuevamente a revisión judicial y, finalmente, a la Suprema Corte.
Turno a un ministro y excusa de una ministra
Con la decisión de atracción, el expediente será enviado a la SCJN y turnado a uno de los ministros para la elaboración del proyecto de sentencia que será sometido al pleno.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida para participar en la discusión y votación, debido a que anteriormente ocupó un cargo en la Fiscalía relacionado con investigaciones del caso. Su impedimento fue aceptado por el pleno, por lo que no intervendrá en la resolución.
Alcances de la decisión
La resolución que emita la Corte no solo definirá la situación jurídica de Mario Aburto, sino que también fijará un criterio relevante sobre cómo deben analizarse procedimientos penales de alto impacto ocurridos bajo el sistema tradicional, garantizando los derechos tanto del sentenciado como de las víctimas indirectas.
El fallo final deberá aclarar si fue correcta la imposición de la pena de 45 años o si corresponde ajustar la sentencia conforme a la legislación estatal aplicable en 1994.
