El auge de las prohibiciones en nombre del orden -como vetar corridos tumbados o narcocorridos- refleja más oportunismo político que soluciones reales. La censura no erradica la violencia cultural; sólo la educación puede hacerlo
“Prohibido prohibir” fue una frase que Andrés Manuel López Obrador usó de manera recurrente para evadir temas espinosos de la agenda pública. Pero hoy las cosas han cambiado.
Algunos estados y ciudades como Querétaro, Chihuahua, Estado de México, Tijuana y Nayarit han prohibido la interpretación en eventos públicos de “corridos tumbados” o “narcocorridos”, cuando hacen apología del delito o la violencia.
Otras entidades y municipios han tomado medidas similares, sin que exista un reglamento o modificaciones legales que las respalden. Lo hacen para subirse a la ola, sin analizar a profundidad ni con detenimiento el impacto que provocan medidas como esas.
El tema cobró relevancia hace unos días, y más aún este fin de semana, por los disturbios generados en un palenque de la Feria del Caballo, en Texcoco, luego de que el cantante Luis R. Conriquez se negara a interpretar narcocorridos.
Hubo rechiflas, sillazos, daños materiales y decenas de personas golpeadas. La Dirección de Protección Civil del alcalde texcocano, Nazario Gutiérrez, fue incapaz de controlar el alboroto.
Lo más grave fue que se negó a clausurar las actividades de una feria que, más que eso, se ha convertido en una de las cantinas más grandes e inseguras del país. Los animales de cuatro patas brillan por su ausencia; las caballerizas están convertidas en expendios de bebidas embriagantes, donde corren cantidades industriales de alcohol.
Afortunadamente, en esta ocasión la sangre no llegó al río. Pero el hecho se suma a los reiterados llamados de atención para todos los niveles de gobierno.
La solución a los problemas socioculturales no pasa por la prohibición ni por la censura. El culto a los barones del narcotráfico y la apología de la violencia -como parte de la narcocultura mexicana- están arraigados en muchos rincones del país, y difícilmente serán erradicados con decretos o leyes.
Hablar de prohibir manifestaciones artísticas nos lleva, sin duda, a un terreno muy peligroso. Más aún cuando detrás de ello hay oportunismo político.
La presidenta Sheinbaum lo dijo ayer: estos cambios sólo serán posibles con un proceso educativo profundo y permanente.
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DESPUÉS DE INTENSOS JALONEOS, el Senado avaló parte de la terna propuesta por la presidenta Sheinbaum para integrar a los nuevos consejeros independientes de Pemex.
La comisión de Energía, que encabeza Laura Itzel Castillo, debió posponer la votación porque Cristóbal Arias, que aparecía en la terna, no cumplía con los requisitos.
Aunque dejó de ser senador el 31 de agosto pasado, la ley establece que los consejeros no deben haber ocupado cargos de elección popular en los dos años inmediatos anteriores al día de su designación.
Las otras dos posiciones fueron para Juan José Paullada, ratificado de la administración anterior, y María Rosío Vargas.
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A PROPÓSITO DE PEMEX, la terminal Servitux en Tuxpan sigue clausurada desde 2021. No opera, no almacena, no sirve. Fue cerrada por la CRE por fallas estructurales, riesgos ambientales y una sospecha: que su autorización fue parte del huachicol de cuello blanco. Aun así, Pemex estuvo a punto de comprarla por 327 millones de dólares a KKR, fondo ligado a Luis Téllez.
¿Quién empujó el trato? Eduardo “El Capi” Padilla Yebra, ex subdirector de Logística, removido a la fuerza por la Guardia Nacional. Detrás de él hay una red que aún opera y, según los que saben, promueven contratos a modo. Existen denuncias por la asignación del coque (un combustible sólido poroso) de Cadereyta.
Pemex ya tenía luz verde para comprar Servitux. Pero el cambio de administración congeló todo. Hoy, la terminal sigue cerrada, la compra pausada y el arbitraje internacional pendiente.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Cuando no tengas cómo resolver un problema, prohíbelo”.
