Arranca una nueva era en el máximo tribunal del país con la peor de las condiciones: sin presupuesto propio, con leyes incompletas, un Congreso que legisló al vapor y un órgano administrativo convertido en botín político
El 1 de septiembre amaneció con etiqueta de “histórico”. Y sí, lo fue: por primera vez, las y los ministros llegaron al cargo por el voto popular.
Más aún, con mayoría femenina en el pleno y con un togado indígena, Hugo Aguilar, tomando la silla presidencial.
Pero lo que en los discursos suena a epopeya democrática, en la práctica se parece más a una tragicomedia legislativa.
Porque mientras Aguilar se probaba la toga con bordados de dignidad indígena, el Congreso ya le había cosido los grilletes.
El presidente de la Corte quedó reducido a figura decorativa: ya no podrá mover ni un centavo del presupuesto, ni decidir sobre la administración del Poder Judicial.
Todo eso quedó en manos de un Órgano de Administración Judicial (OAJ) y del Tribunal de Disciplina Judicial que, para colmo, tampoco dependen de él.
Peor aún: de los cinco integrantes del OAJ, la Corte sólo puede nombrar tres. Y ahí empieza la rebatinga.
Ministras como Lenia Batres ya enviaron sus “recomendados”, confirmando que en la nueva Corte la vieja costumbre del amiguismo se estrena con alfombra roja.
Aguilar pidió el control total de los nombramientos, al menos durante sus dos años de presidencia. Suena razonable. Pero al cierre de esta edición, no había acuerdo.
Mientras tanto, dos mil 400 trabajadores viven en la zozobra de no saber qué pasará con su futuro laboral.
Una incertidumbre que no nació sola: es hija legítima de una Reforma Judicial improvisada, aprobada con prisas y huecos tan grandes como la memoria selectiva de quienes la votaron.
No hubo reglas claras para la transición entre la vieja y la nueva Corte. No se aprobaron leyes secundarias clave como la Ley de Amparo.
Y, para completar el cuadro, los grandes casos pendientes se guardaron bajo llave para no incomodar al poder político.
En resumen: la nueva Corte arranca maniatada, sin dinero, sin reglas, sin certidumbre y con una montaña de asuntos pendientes que amenaza con sepultarla antes de empezar.
El país quería una Corte histórica, y lo que tiene es una Corte histérica: atrapada en las prisas, las omisiones y la incompetencia del Congreso.
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HASTA EL PASADO FIN DE SEMANA, todavía no se sabía si Vidulfo Rosales se incorporaba a la Corte como asesor de Hugo Aguilar.
Aunque fue el propio abogado de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa quien pidió ayuda al nuevo presidente de la Corte, cuando se dio a conocer que estaba muy cerca de él, no había un acuerdo formal sobre su condición laboral.
Vidulfo ha tenido serios problemas económicos, pero sobre todo de salud, por lo que pidió ayuda a sus amigos, entre ellos a don Hugo.
Por eso recibió el ofrecimiento para entrar a la Corte, decisión que no ha tomado debido a que los primeros comentarios que recibió, después de conocerse su posible fichaje en el recinto de Pino Suárez, fueron de rechazo y crítica.
De traidor, interesado, mercenario y vendido, no lo han bajado, sin saber que la está pasando muy mal en todos los sentidos.
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OTRO PERSONAJE que ha estado rondando a los nuevos, ha sido nada más y nada menos que Arturo Zaldívar.
Eso sí, no les ha pedido nada, ni favores ni posiciones para sus allegados, como podría esperarse.
Al contrario, ofreció ayuda en todo lo que se requiera para facilitar el trabajo de las y los ministros, porque él mejor que nadie, sabe que lo van a necesitar. Les dejaron todo prendido de alfileres.
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DATO CURIOSO: Hugo Aguilar no tiene sastre personal ni una decena de togas bordadas. Su gestión en la Corte la arranca sólo con una que fue “decorada” por un artesano oaxaqueño y es la que usará durante las primeras sesiones.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La justicia sin fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiranía”.
