• Exgobernador de Michoacán enfrenta acusaciones por homicidio, tortura y abuso de autoridad
• Caso deriva del operativo en Arantepacua en 2017, donde murieron cuatro personas
• Autoridades mantienen búsqueda; Aureoles es considerado prófugo
Órdenes de aprehensión avanzan sin freno judicial
Una jueza federal rechazó otorgar una suspensión definitiva que impidiera la ejecución de órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Con esta decisión, las autoridades pueden continuar con las acciones legales en su contra por diversos delitos.
La resolución dejó sin efecto la suspensión provisional que anteriormente evitaba su captura, por lo que actualmente no existe impedimento legal para proceder con su detención.
Acusaciones por operativo en Arantepacua
Las órdenes de aprehensión están relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen. Durante ese operativo de seguridad, murieron cuatro habitantes y se denunciaron detenciones arbitrarias, así como presuntos actos de tortura.
Además de Aureoles, también se giraron mandamientos judiciales contra quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como contra al menos 14 elementos de la policía estatal presuntamente involucrados.
En total, las autoridades han confirmado la existencia de 16 órdenes de captura por delitos como homicidio calificado, abuso de autoridad, tortura y homicidio extrajudicial.
Investigación y exigencia de justicia
La Fiscalía sostiene que el operativo habría sido ordenado desde niveles altos del gobierno estatal, lo que derivó en responsabilidades penales para funcionarios y mandos policiales.
Durante años, familiares de las víctimas y organizaciones civiles han exigido justicia, señalando el uso excesivo de la fuerza y violaciones graves a derechos humanos. Con nuevos elementos en la investigación, un juez determinó que existen indicios suficientes para proceder penalmente.
Hasta ahora, Silvano Aureoles no ha sido localizado por las autoridades, por lo que su situación legal es la de prófugo.
Antecedentes de otras investigaciones
Paralelamente, la Fiscalía General de la República mantiene indagatorias desde 2023 contra el exmandatario y excolaboradores por presuntos delitos financieros, entre ellos peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Estas investigaciones están vinculadas a un posible desfalco de más de 3 mil 412 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en Michoacán.
