- Cada consejero del INE deberá pagar una multa de 54,285 pesos por no acatar una suspensión judicial.
- Tienen 24 horas para cumplir la orden; en caso de incumplimiento, se aplicarán multas adicionales.
- La sanción podría derivar en una investigación por desacato, con posibles penas de prisión e inhabilitación.
Un juez federal ordenó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) el pago de una multa de 54,285 pesos cada uno, debido a que no cumplieron una suspensión judicial que frenaba el proceso electoral extraordinario 2024-2025, destinado a la elección de jueces, magistrados y ministros. Esta decisión fue emitida por Francisco García Contreras, juez del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, quien tomó la medida luego de recibir una notificación del INE el pasado 24 de octubre. En dicho documento, el INE indicó que no podía detener el proceso debido a criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para aplicar la sanción, el juez solicitó al Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México “1” que ejecute la multa, otorgando a los consejeros un plazo de tres días para realizar el pago; de no hacerlo, enfrentarán una sanción adicional de 5,428 pesos.
Además, el juez reiteró un plazo de 24 horas para que el INE respete la suspensión provisional, absteniéndose de tomar medidas para organizar, supervisar o fiscalizar el proceso electoral extraordinario. Si el INE vuelve a incumplir, la multa aumentará a 54,284 pesos. También, recordó que según el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el caso podría remitirse al Ministerio Público de la Federación para investigar posibles actos de desacato, los cuales podrían castigarse con penas de tres a nueve años de prisión, multas, y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
En septiembre pasado, este mismo juez había ordenado al Senado que se abstuviera de emitir convocatorias para elegir candidatos al Poder Judicial de la Federación, así como de tomar protesta a los jueces electos en el proceso extraordinario. También prohibió la ejecución de un decreto de reforma que establecía la toma de protesta de los nuevos jueces el 1 de septiembre de 2025.
