- El exgobernador de Guerrero promovió un amparo por presunta incomunicación dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano.
- Un juez federal ordenó permitirle contacto con sus familiares y defensores, así como realizar llamadas telefónicas con su equipo legal.
- Aguirre Rivero permanece en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en un delito relacionado con el caso Ayotzinapa.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, promovió un amparo para denunciar que se encontraba incomunicado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 1, conocido como el Altiplano, donde permanece recluido desde agosto.
Ante la demanda, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, le concedió una suspensión de oficio y de plano.
Ordenan garantizar comunicación con familiares y abogados
La resolución establece que las autoridades penitenciarias deben permitir que Aguirre Rivero mantenga comunicación con sus familiares y abogados.
También se ordenó facilitar el acceso de sus defensores al área de locutorios para que puedan entrevistarse con él y permitir llamadas telefónicas con integrantes de su equipo jurídico.
El juez estableció un plazo de 24 horas, contado a partir de que las autoridades sean notificadas, para informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar.
Las autoridades deberán presentar documentación que acredite las acciones realizadas para cumplir con la suspensión.
Aguirre permanece detenido por el caso Ayotzinapa
En agosto, el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, vinculó a proceso al exgobernador y le impuso prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.
De acuerdo con la acusación ministerial referida en los documentos del caso, Aguirre habría ordenado la desaparición de evidencia relacionada con los hechos ocurridos durante su administración y con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
La medida concedida por el juez federal se refiere exclusivamente a las condiciones de comunicación del exgobernador dentro del penal y no modifica su situación jurídica dentro del proceso penal.
