- El INE amplía prohibiciones a quienes participan en el proceso de selección judicial.
- Se sancionarán actos anticipados de campaña, entrega de beneficios y propaganda indebida.
- El acuerdo aún debe ser aprobado por el Consejo General del INE.
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto que establece infracciones y reglas para la elección judicial. Estas disposiciones aplicarán no solo a las personas que hayan obtenido una candidatura, sino también a todos los aspirantes inscritos en el proceso, con el objetivo de garantizar la equidad en el periodo de selección.
El acuerdo, que todavía debe ser avalado por el Consejo General del INE, establece que cualquier aspirante podrá ser denunciado por actos anticipados de campaña, como realizar proselitismo, contratar espacios en medios de comunicación o entregar beneficios materiales. Estas acciones estarán prohibidas antes del periodo oficial de campaña, así como durante la veda electoral.
El consejero Arturo Castillo propuso incluir a los aspirantes en las restricciones desde el inicio del proceso de selección, para evitar vacíos legales que puedan poner en riesgo la equidad entre las y los participantes. Por su parte, la consejera Claudia Zavala insistió en limitar la difusión de propaganda gubernamental en este periodo, aunque el Consejo General permitió su continuidad durante la elección.
Principales restricciones del proyecto
- Prohibiciones a aspirantes y candidaturas:
- Realizar actos de campaña antes del periodo establecido.
- Contratar tiempos en radio, televisión o medios digitales.
- Difundir propaganda tres días antes de la elección y hasta el cierre de casillas.
- Entrega de beneficios:
- Ofrecer bienes o servicios directos o indirectos, en efectivo o especie.
- Utilizar propaganda impresa en materiales no biodegradables o tóxicos.
- Restricciones a partidos y funcionarios:
- Partidos políticos no podrán realizar proselitismo ni posicionarse públicamente sobre candidaturas.
- Funcionarios no podrán participar en actividades proselitistas en horario laboral ni manifestarse sobre aspirantes.
Este proyecto busca garantizar un proceso electoral equitativo y transparente, sancionando actos que puedan comprometer la imparcialidad de la contienda judicial.
