El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha iniciado una investigación de oficio tras la divulgación de información privada de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, contenida en documentos del caso “Márquez Padilla”, publicados por la Oficina de la Presidencia de la República el viernes 3 de mayo.
El INAI destaca que, según la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la Presidencia de la República tiene la responsabilidad de salvaguardar los datos personales que maneja y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones establecidos en la normativa.
Por lo tanto, el Instituto señala que los documentos divulgados contienen información que permite identificar a personas físicas, lo cual sugiere posibles violaciones a la LGPDPPSO.
Además de la investigación de oficio, el INAI se mantiene alerta ante posibles denuncias de personas afectadas por la divulgación de sus datos personales, para iniciar los procedimientos correspondientes.
Durante la conferencia matutina del viernes 3 de mayo, Octavio Romero Oropeza desmintió supuestos casos de corrupción y presentó las medidas tomadas por la empresa para combatir este tipo de situaciones, incluyendo el caso de María Amparo Casar, actual Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Posteriormente, la Presidencia divulgó una carpeta de Google Drive con documentos relacionados al caso de María Amparo Casar entre los medios de comunicación.
Antecedentes del Caso de Carlos Fernando Márquez Padilla García:
El 7 de octubre de 2004, Carlos Fernando Márquez Padilla García, coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración en Pemex, falleció al caer desde una ventana del piso 12 del edificio A.
Tras el incidente, su cónyuge María Amparo Casar Pérez, actual Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), solicitó el pago de seguro de vida, ayuda con gastos funerarios y una pensión post-mortem para sus hijas y para ella, lo cual fue cumplido por la petrolera, que trató el caso como accidente sin considerar el dictamen pericial.
Sin embargo, posteriormente se determinó que Márquez Padilla García se quitó la vida voluntariamente, lo que llevó a la suspensión de las prestaciones a la beneficiaria y a la realización de denuncias correspondientes. El caso sigue en proceso para recuperar los montos pagados indebidamente, estimados en más de 31 millones de pesos.
