• Confirman la identidad de Miguel Tapia Rayón entre las víctimas
• Nueve de los diez trabajadores ya fueron localizados sin vida
• Autoridades investigan posible participación del crimen organizado
La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó la identificación del noveno trabajador minero que había sido privado de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa. Se trata de Miguel Tapia Rayón, quien forma parte del grupo de diez empleados secuestrados a inicios de este año.
Mediante un comunicado difundido el 6 de abril, la compañía informó que, hasta el momento, nueve de sus colaboradores han sido encontrados sin vida, mientras que uno más continúa en calidad de desaparecido. La empresa señaló que mantiene contacto cercano con la familia del trabajador que aún no ha sido localizado y que colabora con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones.
El director ejecutivo de la firma, Michael Konnert, expresó que “es un desenlace devastador, y nuestras más sinceras condolencias están con todas las familias afectadas. Les brindamos nuestro apoyo constante mientras lamentamos la pérdida de nuestros colegas y amigos”.
Los hechos se remontan al 23 de enero, cuando los diez trabajadores fueron secuestrados en la comunidad de El Verde, en Concordia. Días después, el 3 de febrero, autoridades localizaron una fosa clandestina con varios cuerpos en la zona, lo que permitió iniciar el proceso de identificación de las víctimas mediante pruebas forenses.
Entre los mineros previamente identificados se encuentran Javier Guillermo Vargas Valle, Javier Emilio Valdez Valenzuela, José Ángel Hernández Vélez, José Manuel Castañeda Hernández, Ignacio Aurelio Salazar Flores y Aurelio Salazar Flores, así como Saúl Alberto Ochoa Pérez, cuyo caso fue confirmado por autoridades de Chihuahua. En uno de los casos, la identidad no fue difundida a petición de la familia.
Con la identificación de Miguel Tapia Rayón, solo queda pendiente localizar a Francisco Antonio Esparza Yáñez, quien se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias de la empresa y continúa desaparecido.
Las investigaciones federales apuntan a que el secuestro y asesinato de los trabajadores estaría vinculado a una célula del crimen organizado, presuntamente relacionada con una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las líneas de investigación, los mineros habrían sido confundidos con integrantes de un grupo rival.
Testimonios de trabajadores del sector indican que previamente habían recibido advertencias por parte de grupos armados en la región, quienes les pidieron abandonar la zona ante la imposibilidad de garantizar su seguridad.
Aunque autoridades federales señalaron en su momento que no existían reportes formales previos de riesgo, la empresa reconoció que desde 2025 había suspendido temporalmente actividades debido a condiciones de inseguridad en la región.
