El grupo Ad Tech ha presentado una demanda colectiva contra Google, acusando a la multinacional de prácticas anticompetitivas en el mercado digital del Reino Unido. El Tribunal de Apelaciones de Competencia (CAT) de Londres autorizó que el caso proceda, buscando una compensación estimada en más de 17,000 millones de dólares por pérdida de ingresos.
La demanda, impulsada por Claudio Pollack, Charles Arthur y Kate Wellington, está abierta a cualquier potencial demandante afectado por las prácticas de Google desde el 1 de enero de 2014. Ad Tech estima que unas 200,000 páginas web o aplicaciones han sido perjudicadas, y acusa a Google y sus entidades relacionadas de infringir leyes de competencia tanto del Reino Unido como de la Unión Europea.
Acusaciones y fundamentos legales contra Google
Según los documentos del tribunal, tres mercados de publicidad digital acusan a Google de abuso de posición dominante. La demanda se fundamenta en el artículo 18 de la Ley de Competencia de 1998 del Reino Unido y el artículo 102 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, alegando que Google ha favorecido sus propios servicios sobre los de sus competidores.
Durante el proceso, los representantes de Google intentaron impedir que la demanda avanzara, argumentando que no estaba suficientemente fundamentada. Sin embargo, los jueces rechazaron esta objeción, permitiendo que el caso proceda a juicio en una fecha aún por determinar.
Implicaciones y precedentes
Ad Tech actuará en nombre de todas las partes afectadas sin costo para ellas, siguiendo el precedente de una multa impuesta a Google por la Autoridad de Competencia francesa en 2021 por abusar de su posición dominante en servicios de tecnología publicitaria. Se estima que los editores del Reino Unido también hayan sufrido pérdidas financieras significativas debido a estas prácticas.
El CAT ya ha autorizado demandas colectivas contra otras grandes empresas tecnológicas como Meta y Apple por abuso de posiciones dominantes en sus respectivas áreas. Este caso contra Google podría marcar otro importante capítulo en la regulación de prácticas anticompetitivas en el sector tecnológico.
