- Abren investigaciones de oficio por presunta vulneración de bases de datos
- No se descarta hackeo, uso indebido de accesos o filtración interna
- Podrían derivarse sanciones administrativas y denuncias penales
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inició investigaciones de oficio por la posible vulneración de bases de datos personales pertenecientes a diversas instituciones públicas, luego de detectar indicios a partir de reportes difundidos públicamente y de su monitoreo permanente en materia de seguridad de la información.
En un comunicado, la dependencia informó que los procedimientos buscan identificar el origen del incidente, detectar posibles fallas en los sistemas de protección y, en su caso, determinar responsabilidades administrativas y legales.
Líneas de investigación abiertas
La Secretaría aclaró que, aunque en espacios de la deep web se presume que la información pudo haberse obtenido mediante un hackeo, las indagatorias no se limitarán a esa hipótesis. También se analizará el posible uso indebido de credenciales de acceso y la eventual participación de filtraciones internas, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos.
Procesos bajo reserva y confidencialidad
De acuerdo con la dependencia, las investigaciones se desarrollan bajo estrictos principios de reserva y confidencialidad, a fin de no comprometer la eficacia de las indagatorias ni la integridad de las evidencias recabadas. Las instituciones involucradas —cuyos nombres no fueron precisados— deberán colaborar con las investigaciones y, de ser necesario, presentar denuncias penales ante las autoridades competentes.
Posibles sanciones y acciones correctivas
La Secretaría indicó que los procedimientos podrían derivar en observaciones y recomendaciones técnicas para corregir vulnerabilidades, reforzar controles de acceso y mejorar la supervisión de las personas servidoras públicas con acceso a sistemas y bases de datos personales.
En caso de acreditarse alguna falta administrativa, se dará vista al Órgano Interno de Control correspondiente. Si se detectan conductas que pudieran constituir un delito, se notificará a la Fiscalía General de la República, conforme a la normatividad vigente.
La dependencia reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y la integridad de la información en posesión de las instituciones públicas.
