México tiene reservas de sobra, pero sigue comprando afuera y pagando caro. Por eso el gobierno plantea una idea polémica pero directa: usar fracking -con nuevos controles- para producir más gas natural aquí
La ecuación es simple: México tiene reservas de hidrocarburos y gas natural enormes, pero no tiene -hoy- el músculo financiero ni la tecnología suficiente para explotarlas a la escala que exige la realidad. Resultado: dependencia. Y la dependencia, en energía, sale muy cara.
Si el objetivo es fortalecer esa soberanía energética y dejar de importar -sobre todo desde Estados Unidos-, se requieren inversiones multimillonarias y técnicas como el fracking para aprovechar los enormes yacimientos que tenemos.
Y por eso, más allá de ideologías, teorías de conspiración o dogmas heredados, Claudia Sheinbaum no tiene muchas opciones si quiere cambiar, aunque eso implique un choque -o se aleje- del libreto que en su momento impuso Andrés Manuel López Obrador.
Porque sí: el petróleo y los energéticos son de los mexicanos. Pero esa frase, por sí sola, no llena ductos ni baja precios. Ya vimos lo que cuesta depender de otros países: la gasolina se ha ido a niveles que pegan en el bolsillo (la verde ronda los 24 pesos y la roja hasta 30). Y, para colmo, la refinería Dos Bocas terminó convertida en el monumento al fracaso.
El contexto de este gobierno es distinto. Lo sintetizó un alto funcionario en un encuentro con periodistas: o le entramos al fracking y se abre el sector a la Iniciativa Privada, o seguiremos consumiendo combustibles caros y con la cadena energética amarrada al exterior.
Sheinbaum lo sabe, y por eso esta semana presentará a un grupo interinstitucional con técnicos y científicos del IPN, la UNAM e independientes para explicar el fracking “a la mexicana”: menos agua dulce, uso de agua salada y químicos más amigables con el ambiente.
El fracking, dicho sin eufemismos, consiste en inyectar agua, arena y aditivos a alta presión para fracturar roca y liberar gas o petróleo atrapado.
La apuesta del gobierno sería entonces, enfocarse en el gas no convencional del norte y del Golfo de México (se habla de 141 billones de pies cúbicos), buscando reducir una dependencia de importaciones cercana a 75 por ciento.
Por todo eso, el debate real no es “fracking sí o no” como consigna, sino cómo y con qué controles: transparencia, regulación ambiental, supervisión independiente y beneficios medibles para el país.
Porque si la soberanía energética se construye a costa de la opacidad o de daños irreversibles, no será soberanía: será otro negocio disfrazado de patria. Y ya vimos las consecuencias de los discursos patrioteros como los de “ya sabes quién”.
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TODO ESTÁ LISTO para que el próximo sábado 18 la presidenta Sheinbaum participe en la Cumbre de Líderes Progresistas, en Barcelona, España.
Desde Palacio Nacional me adelantan: el objetivo de las y los asistentes es lanzar un mensaje contra la guerra: no contra Donald Trump, pero sí a favor de la paz. También habrá críticas al papel de la ONU. La ven más como testigo mudo que como mediadora.
Para México, por otro lado, la prioridad es cerrar acuerdos con el gobierno de Lula, en Brasil -uno de los promotores de la cumbre-, y avanzar con España y Colombia. En el caso del país sede, sería un giro frente a lo que hizo AMLO.
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MIENTRAS ALGUIEN “ALIMENTA”, promueve y hasta subsidia una corriente de opinión en contra de Rosa María Rubio, su hija, Sofía Rodríguez, inició una cruzada para limpiar el nombre de su madre, a quien acusan del secuestro y asesinato de su esposo, Carlos Aguirre, de Grupo Radio Centro.
Pero más allá de quién tenga la razón, el punto es que un conflicto familiar terminó ocupando espacios importantes en medios de comunicación porque hay fuertes intereses económicos detrás. Lo único que falta es ver a quién le da la razón la ley y la justicia, en una disputa por herencias y reparto de bienes que se arrastra desde hace seis años.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El de Rosita y Carlos, no es juicio mediático: es pleito con patrocinio”.
