- La Fiscalía del Estado de México señala que la alcaldesa Nancy Nápoles habría participado en la simulación de su propio secuestro.
- Las investigaciones apuntan a que el supuesto rescate de 40 millones de pesos sería utilizado para encubrir un faltante en las finanzas municipales.
- Tres personas ya fueron detenidas y la audiencia de imputación contra la edil está programada para el 9 de julio.
Investigación apunta a un supuesto secuestro planeado
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ejerció acción penal contra seis personas por su presunta participación en la simulación de un secuestro denunciado por la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco.
De acuerdo con las indagatorias, el caso no correspondió a una privación ilegal de la libertad real, sino a un plan previamente organizado con el objetivo de obtener un supuesto rescate de 40 millones de pesos provenientes de recursos públicos municipales.
La dependencia sostiene que el dinero habría servido para justificar un presunto faltante financiero detectado dentro de la administración local.
Entre los señalados se encuentran la propia presidenta municipal, su esposo José Roberto “N”, su cuñado Óscar “N”, así como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”.
La denuncia presentada por la presidenta municipal
El 1 de junio, Nancy Nápoles acudió ante el Ministerio Público para denunciar que un día antes había sido secuestrada al llegar a su domicilio.
Según su declaración, un automóvil rojo con dos hombres y una mujer se acercó cuando se encontraba afuera de su vivienda. Relató que uno de los ocupantes descendió del vehículo, la tomó del brazo y la obligó a subir a la unidad.
La alcaldesa aseguró que durante el trayecto sus presuntos captores le entregaron un teléfono celular para que ella misma llamara a sus familiares y solicitara el pago de 40 millones de pesos a cambio de su liberación.
Posteriormente declaró que logró escapar y refugiarse en una vivienda cercana, desde donde pidió ayuda y contactó a su esposo para regresar a casa.
Asimismo, afirmó que los responsables le dijeron que pretendían asesinarla a ella y a integrantes de su familia si no se cumplían sus exigencias económicas.
Videos y testimonios contradicen la versión inicial
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía analizó grabaciones captadas por cámaras de videovigilancia que permitieron identificar un vehículo Volkswagen Virtus color rojo relacionado con los hechos.
Según la autoridad, en las imágenes no se observan actos de violencia física contra la alcaldesa.
“Del análisis videográfico no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido contra la alcaldesa, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la víctima”.
Las pesquisas también establecieron que el automóvil era utilizado regularmente por Karla Valeria “N”, quien presuntamente participó junto con Christian “N” y Víctor Manuel “N”.
Los tres fueron ubicados y detenidos en Oaxaca el pasado 11 de junio, tras abandonar territorio mexiquense.
Presunta estrategia para obtener recursos públicos
La investigación ministerial indica que desde febrero José Roberto “N” y Óscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, habrían comenzado a planear el supuesto secuestro.
Uno de los testimonios integrados a la carpeta de investigación señala:
“Todo lo estaban planeando ellos ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento ya que había un desfalco y que eso les serviría para justificar el dinero”.
La Fiscalía sostiene que Nancy Nápoles también habría participado en la organización y ejecución del plan, con la intención de justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto.
De acuerdo con las indagatorias, Christian “N” habría aceptado colaborar a cambio de un pago de 500 mil pesos y posteriormente involucró a Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”. La autoridad documentó más de 130 comunicaciones telefónicas entre algunos de los participantes durante los meses previos a los hechos.
Así se habría desarrollado la simulación
La Fiscalía señala que el 31 de mayo la alcaldesa llegó a su domicilio acompañada por familiares y poco después arribó el vehículo rojo involucrado en el caso.
Las investigaciones indican que Víctor Manuel “N” descendió de la unidad y simuló obligarla a subir al automóvil, para posteriormente dirigirse a la comunidad de San Pedro Zictepec, en Tenango del Valle.
Durante el recorrido, la propia edil habría sugerido rutas para evitar cámaras de videovigilancia. Sin embargo, al notar el despliegue de patrullas y operativos para localizarla, presuntamente expresó que la situación se había complicado.
Según los testimonios obtenidos por la autoridad, Nancy Nápoles manifestó que “todo se salió de control” y solicitó ser dejada en un camino de terracería en la comunidad de El Capulín, en Tenancingo.
Desde ese punto habría solicitado ayuda para sostener la versión de que logró escapar de sus supuestos secuestradores.
Situación jurídica de los involucrados
La Fiscalía confirmó que Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” ya fueron detenidos.
En tanto, José Roberto “N” y Óscar “N” permanecen prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.
Respecto a Nancy Nápoles, la audiencia de formulación de imputación fue programada para el próximo 9 de julio. En esa fecha, un juez determinará su situación jurídica y las medidas cautelares correspondientes.
Además, la posible afectación de 40 millones de pesos al patrimonio municipal fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para las investigaciones respectivas.
Delitos y sanciones que podrían enfrentar
La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece penas de hasta 16 años de prisión para quienes participen en la simulación de un secuestro.
Adicionalmente, algunos de los involucrados son investigados por presunta extorsión, delito que podría alcanzar sanciones de hasta 25 años de cárcel en caso de acreditarse su responsabilidad.
