• La Fiscalía concluye que el accidente se debió a exceso de velocidad y omisiones operativas
• 145 víctimas recibieron reparación integral del daño mediante acuerdos legales
• Continúa proceso penal contra maquinista, conductor y jefe de despacho
La Fiscalía General de la República (FGR) dio por concluida la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en diciembre pasado, en el que murieron 14 personas y alrededor de 100 resultaron heridas. Tras meses de análisis técnicos y periciales, determinó que la empresa ferroviaria operada por la Secretaría de Marina no incurrió en responsabilidad penal.
Causas del accidente
De acuerdo con la fiscal Ernestina Godoy, las indagatorias establecieron que el siniestro fue provocado por el exceso de velocidad con el que circulaba el tren, considerado como una conducta negligente. A ello se sumaron omisiones en la supervisión por parte del jefe de despacho y del propio maquinista.
Los dictámenes periciales confirmaron que tanto la infraestructura ferroviaria —incluyendo vías, durmientes y balastro— como las locomotoras y vagones cumplían con la normatividad vigente, descartando fallas técnicas o estructurales como origen del accidente.
Sin responsabilidad para la empresa
La FGR informó que no se encontraron elementos para imputar delitos como uso indebido de atribuciones o irregularidades en el servicio público. Esta conclusión se sustentó en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y revisiones de la Secretaría Anticorrupción, las cuales no detectaron anomalías en contratos, mantenimiento ni operación.
Asimismo, los cargos relacionados con daños a las vías de comunicación fueron desestimados, al confirmarse que la infraestructura se encontraba en condiciones adecuadas.
Proceso legal contra responsables
En contraste, el maquinista, el conductor y el jefe de despacho continúan vinculados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones culposas. Las autoridades consideran que su actuación fue determinante en la cadena de hechos que derivaron en el accidente.
En cuanto a los daños materiales, la empresa ferroviaria otorgó el perdón legal a los implicados, lo que permitió cerrar ese apartado del caso.
Reparación del daño a víctimas
Un total de 145 personas afectadas —114 adultos y 31 menores de edad— accedieron a mecanismos de justicia alternativa, mediante los cuales recibieron compensación integral por los daños sufridos. Este acuerdo derivó en la extinción de la acción penal contra la empresa.
La Fiscalía señaló que este esquema permitió brindar una solución más ágil a las víctimas, evitando procesos judiciales prolongados y garantizando la reparación del daño.
Cierre del caso
Con estas conclusiones, la FGR dio por agotadas todas las líneas de investigación y afirmó que el caso queda cerrado en lo que respecta a la responsabilidad institucional. El proceso judicial seguirá su curso únicamente contra los operadores implicados.
