- Acusan que la atención a las víctimas ha sido parcial y sin reconocimiento oficial del daño.
- Presentan recurso legal contra el INM para exigir responsabilidad del Estado mexicano.
- Critican que Francisco Garduño siga al frente del instituto pese a la tragedia.
A dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en el que varias personas migrantes resultaron gravemente heridas, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos presentaron un recurso formal contra el Instituto Nacional de Migración (INM) para exigir una reparación integral del daño y justicia para los afectados.
El recurso de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial del Estado fue entregado por abogados de la Clínica Jurídica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana, quienes representan a 17 víctimas del incendio. La demanda busca que el Estado reconozca su responsabilidad y brinde una reparación completa, no solo económica o médica, como ha ocurrido hasta ahora en algunos casos.
“El apoyo que se ha dado ha sido insuficiente. No basta con compensaciones parciales. Es necesario que se reconozca que hubo violaciones graves a los derechos humanos”, afirmó Luis Xavier Carrancá Álvarez, abogado de la clínica.
La acción legal fue respaldada por las organizaciones Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Señalan impunidad en el caso y piden salida de Garduño
Los colectivos también denunciaron que mantener a Francisco Garduño como titular del INM representa un mensaje de impunidad por parte del gobierno federal. Aseguraron que su gestión ha sido funcional a políticas migratorias restrictivas y marcadas por el maltrato.
“Garduño es eficaz para endurecer la política migratoria y complacer a Estados Unidos, pero no para proteger a las personas migrantes”, señaló Carrancá.
Las organizaciones insistieron en que el incendio no fue un hecho aislado, sino parte de un sistema fallido, con detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas en estaciones migratorias y prácticas ilegales que han quedado impunes.
“La tragedia de Juárez es solo una muestra de un modelo que trata a los migrantes como delincuentes, los encierra en condiciones peores que en cárceles y vulnera sus derechos sin consecuencias”, denunciaron.
Finalmente, llamaron al Estado mexicano a reconocer públicamente lo ocurrido, brindar justicia a todas las víctimas y reformar de fondo el sistema migratorio, para que ninguna persona vuelva a vivir una tragedia similar bajo custodia del gobierno.
