• Buscadores critican respuesta oficial y acusan minimización de la crisis
• ONU advierte posibles delitos de lesa humanidad; piden expertos internacionales
• Gobierno, CNDH y Morena rechazan informe y defienden avances institucionales
Familias cuestionan postura del gobierno
Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas calificaron como grave e indignante la respuesta del gobierno federal a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que alertó sobre la magnitud de la crisis en México.
Héctor Flores, del Colectivo Luz de Esperanza, afirmó que el informe internacional confirma lo que las familias han denunciado durante años: la existencia de prácticas sistemáticas vinculadas a desapariciones, incluidos sitios de reclutamiento y exterminio.
“Es terrible y grave la respuesta del Gobierno de México a través de la Secretaría de Gobernación y realmente pues parece ser que continúa esta misma política desde la administración pasada, con un desconocimiento institucional de la crisis al tratar de minimizarla”, expresó.
El activista también señaló que los esfuerzos institucionales no están orientados a resolver el problema, sino a ocultar información, por lo que insistió en la necesidad de reconocer la magnitud del fenómeno para poder enfrentarlo.
Llamado urgente a intervención internacional
Los colectivos subrayaron que el informe de la ONU debe ser atendido con seriedad y no rechazado. Consideraron indispensable la participación de especialistas internacionales, especialmente en materia forense, para fortalecer las labores de búsqueda, identificación y diseño de políticas públicas.
Flores enfatizó que reconocer la crisis sería un primer paso clave para transformar la estrategia nacional, al advertir que las desapariciones están relacionadas con el fortalecimiento de organizaciones criminales y afectan particularmente a jóvenes reclutados de manera forzada.
Asimismo, denunció que existen múltiples zonas en el país donde continúan operando estos esquemas de violencia, con Jalisco como uno de los principales focos.
Posturas encontradas frente al informe de la ONU
Mientras organizaciones civiles y familiares de víctimas pidieron abrir el diálogo y aprovechar el informe como una oportunidad para mejorar las políticas públicas, otras instituciones y actores políticos rechazaron su contenido.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su desacuerdo con el informe al considerar que carece de sustento y reproduce esquemas de intervención internacional que no han dado resultados. También cuestionó a organizaciones civiles por, según su postura, presentar información sesgada.
Por su parte, legisladores de Morena respaldaron la posición del gobierno federal y calificaron el informe como un intento de injerencia externa, al señalar que no toma en cuenta los avances recientes ni los esfuerzos institucionales para atender el problema.
Acciones del Estado y avances institucionales
El gobierno mexicano ha destacado la creación y fortalecimiento de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en desaparición forzada, así como el incremento en recursos y capacidades tecnológicas para la identificación de personas.
Desde 2018, el presupuesto destinado a estas tareas ha aumentado significativamente y se han implementado herramientas como bases de datos genéticos, registros forenses y operativos de búsqueda que han permitido localizar a cientos de personas.
Sin embargo, organismos internacionales han señalado que persisten deficiencias estructurales, falta de coordinación y limitaciones en la participación de familiares, así como riesgos para quienes realizan labores de búsqueda.
Un debate abierto sobre la dimensión de la crisis
La discusión en torno al informe de la ONU refleja una profunda división entre autoridades y colectivos de víctimas. Mientras el gobierno sostiene que las desapariciones forzadas ya no son una política de Estado, las familias insisten en que el fenómeno sigue siendo generalizado y sistemático.
En este contexto, la exigencia central de los colectivos es que se reconozca plenamente la crisis y se adopten medidas extraordinarias, con apoyo internacional, para garantizar verdad, justicia y reparación.
