• Washington analiza investigaciones y posibles cargos en tribunales contra funcionarios mexicanos
• Embajador advierte que la corrupción frena inversiones y anticipa medidas próximas
• Sheinbaum exige pruebas y rechaza señalamientos sin sustento
Advertencias desde Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos evalúa abrir investigaciones contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, en un contexto de creciente presión bilateral en materia de seguridad y combate a la corrupción.
Durante un evento en Los Mochis, Sinaloa, el embajador estadounidense Ronald Johnson subrayó la importancia de la relación entre ambos países en el marco de la construcción de la planta de metanol Pacífico Mexinol, con una inversión superior a los 2 mil 300 millones de dólares.
En su intervención, el diplomático enfatizó que la corrupción representa “un obstáculo directo para el crecimiento, la equidad, las oportunidades y el éxito a largo plazo de proyectos como este”, y dejó entrever posibles acciones: “es posible que pronto veamos medidas significativas en este frente”.
Posible ofensiva anticorrupción
Reportes periodísticos señalan que estas declaraciones forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump para combatir la corrupción asociada al crimen organizado en México.
Según esta versión, las medidas podrían ir más allá de la cancelación de visas e incluir procesos judiciales en tribunales federales estadounidenses contra políticos mexicanos, incluso integrantes del partido en el poder.
El escenario podría tener implicaciones en la relación bilateral, particularmente en un momento clave marcado por la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
Casos bajo la lupa
Entre los nombres mencionados destaca el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien presuntamente se le habría retirado la visa estadounidense. El mandatario no participó en el evento donde estuvo presente el embajador, ya que sostuvo un encuentro con manifestantes que se oponen a la construcción de la planta.
De acuerdo con los reportes, otros actores políticos también habrían sido objeto de medidas similares por parte del Departamento de Estado.
México responde: no a acusaciones sin pruebas
Ante este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que cualquier señalamiento debe estar respaldado por pruebas claras y verificables. Recalcó que corresponde a las autoridades mexicanas investigar posibles actos de corrupción.
“La lucha contra la corrupción le corresponde al gobierno de México (…) igual que en Estados Unidos les corresponde atender los actos de corrupción de sus propios funcionarios”, afirmó.
La mandataria recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente liberado tras determinarse que no existían pruebas suficientes en su contra.
Sheinbaum reiteró que su gobierno no encubrirá a nadie si existen evidencias de delito, pero insistió en que cualquier investigación internacional debe ser revisada por las instituciones nacionales.
También señaló que México ha solicitado a Estados Unidos actuar en casos como el “huachicol fiscal”, donde estarían involucrados empresarios con doble nacionalidad.
