- El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca triplicar las acusaciones contra funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico.
- Autoridades estadounidenses plantean utilizar leyes antiterroristas contra presuntos colaboradores de cárteles.
- Las declaraciones elevan la tensión bilateral tras el caso contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos endureció su estrategia contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales y busca ampliar significativamente las investigaciones y acusaciones judiciales por narcotráfico y terrorismo.
De acuerdo con información publicada por The New York Times, la administración del presidente Donald Trump instruyó a fiscales federales de distintas regiones del país a incrementar las acusaciones contra servidores públicos mexicanos señalados de colaborar con cárteles de la droga.
La directriz fue comunicada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de Estados Unidos, durante una teleconferencia interna con fiscales federales, en la que pidió fortalecer la ofensiva judicial contra funcionarios ligados al crimen organizado.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, declaró Singh, según una fuente citada por el diario estadounidense.
El funcionario también aseguró que las posibles molestias diplomáticas con el gobierno mexicano no modificarán la postura de Washington.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos”, afirmó. Añadió además: “Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
Washington busca aplicar cargos por terrorismo
Según el reporte, el Departamento de Justicia pretende ampliar el uso de leyes antiterroristas contra personas presuntamente vinculadas con los cárteles mexicanos, especialmente tras la clasificación de varios grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras desde febrero de 2025.
Entre ellos se encuentra el Cártel de Sinaloa, al que Washington responsabiliza de una parte importante del tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
Singh sostuvo que los funcionarios señalados de proteger o colaborar con estas organizaciones deben ser tratados “como los terroristas que son”.
Caso Sinaloa aumentó la presión entre ambos países
La nueva estrategia judicial surge semanas después de que fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York presentaran cargos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
Entre los señalados figuran Enrique Inzunza, Juan de Dios Gámez y Damaso Castro Zaavedra, además de exmandos de seguridad relacionados con investigaciones por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y supuesta protección institucional a integrantes de Los Chapitos.
Detención de exfuncionario intensifica investigaciones
El caso tomó mayor relevancia tras la detención en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, quien enfrenta cargos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el exfuncionario habría brindado protección e información estratégica a integrantes del grupo criminal durante su gestión en el estado.
Crece la tensión diplomática entre México y EU
La publicación de The New York Times señala que la ofensiva de Washington ocurre en medio de un escenario de creciente tensión bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
En semanas recientes, el gobierno mexicano ha exigido que Estados Unidos presente pruebas concretas contra los funcionarios señalados antes de iniciar procedimientos judiciales o solicitudes de extradición.
Tras las acusaciones contra Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no se protegerá a ningún funcionario, pero insistió en que cualquier proceso debe sustentarse en evidencia formal y no únicamente en señalamientos públicos.
