- Un juez federal concedió a Ernesto Ruffo Appel una suspensión definitiva relacionada con su solicitud para enfrentar su proceso bajo prisión domiciliaria.
- El exgobernador de Baja California, de 74 años, permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
- Una audiencia deberá definir si se modifica la prisión preventiva que actualmente cumple o si permanece en el centro penitenciario.
La suspensión no implica su salida del Altiplano
Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en el juicio de amparo que promovió para buscar que su proceso penal pueda continuar bajo prisión domiciliaria.
Sin embargo, la resolución no ordena su salida inmediata del penal de máxima seguridad de El Altiplano. El exmandatario permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva y continúa a disposición de la autoridad judicial correspondiente.
De acuerdo con la resolución, la suspensión tiene como efecto que Ruffo permanezca a disposición del órgano jurisdiccional en el lugar donde se encuentra internado, mientras la autoridad competente determina lo relacionado con su proceso penal.
Pendiente, audiencia para revisar la medida cautelar
La defensa de Ruffo busca que la prisión preventiva sea sustituida por una medida que le permita continuar el proceso desde su domicilio.
Su hija, Verónica Ruffo, informó este martes que la familia espera que el Poder Judicial de la Federación fije la fecha para la audiencia en la que se analizará si la medida cautelar se mantiene o se modifica.
Los abogados del exgobernador argumentan que, debido a que tiene más de 70 años y presenta problemas de salud, cumple con los supuestos para enfrentar el proceso fuera de un centro penitenciario. También sostienen que no existe riesgo de fuga.
Por ahora, ninguna autoridad penitenciaria ha informado sobre una autorización para que Ruffo abandone El Altiplano.
Ruffo permanece procesado por huachicol fiscal
Ernesto Ruffo fue detenido en julio en Ensenada, Baja California, y posteriormente trasladado al penal del Altiplano.
El 19 de julio fue vinculado a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. En esa audiencia, su defensa solicitó que enfrentara el proceso bajo prisión domiciliaria debido a su edad y condiciones de salud, pero la petición fue rechazada.
La FGR sostiene que Ruffo y otros implicados habrían participado en un esquema para introducir ilegalmente al país más de 18 millones de litros de petrolíferos mediante 163 carrotanques y diversas empresas. La Fiscalía también relaciona la investigación con Ingemar, compañía vinculada al exgobernador.
Estos señalamientos forman parte de la investigación y del proceso penal en curso y no constituyen por sí mismos una sentencia de culpabilidad.
Antecedentes de los recursos judiciales
La defensa de Ruffo ha presentado varios juicios de amparo relacionados con su detención, su permanencia en El Altiplano y la medida cautelar.
El pasado 2 de septiembre, un Tribunal Colegiado confirmó una suspensión definitiva relacionada con su vinculación a proceso por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Esa resolución frenó temporalmente la apertura del juicio oral mientras se resuelve el fondo del amparo.
En agosto, además, la defensa promovió un nuevo amparo específicamente contra la negativa de cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria. La jueza Azucena Lazalde Íñiguez había concedido inicialmente una suspensión provisional y posteriormente se analizó la procedencia de la suspensión definitiva.
Familia y aliados piden que continúe el proceso en casa
Este martes, Verónica Ruffo visitó a su padre en El Altiplano acompañada por Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional de Somos México.
Acosta Naranjo señaló que la prioridad es que Ruffo tenga un juicio justo y que las pruebas sean valoradas durante el proceso. La familia y sus representantes han insistido en que el exgobernador pueda continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.
Por el momento, Ernesto Ruffo permanece en El Altiplano y será la autoridad judicial competente la que determine si procede modificar la medida cautelar.
