Un esquema inédito ofrece menor castigo a quienes participaron en actos de corrupción, siempre y cuando cooperen con la autoridad. Los primeros frutos ya aparecen en forma de mensajes, videos y papeles, pero falta saber qué tanto resisten y quién sale mejor librado.
En México, la figura del testigo protegido ha tenido buena y mala fama. Buena, cuando destapa redes que nadie podía tocar. Mala, cuando el testigo resulta ser un personaje que dice justo lo que a alguien le conviene escuchar.
Por eso es pertinente ver con lupa que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que dirige Aureliano Hernández, haya estrenado por primera vez un programa de “testigos protegidos” para el caso del INE.
La mecánica es simple: personas involucradas en el entramado irregular colaboran con la autoridad y, a cambio, recibirán una reducción de sanciones.
Dicho en cristiano, el que habla paga menos. Es el método de la zanahoria, y funciona: nadie conoce mejor el truco que quien ayudó a montarlo.
Y, según la propia ASF, ya hay resultados. El programa, dado a conocer apenas, se puso en práctica y permitió reunir testimonios, videos y hasta registros de mensajes.
De acuerdo con esa evidencia, durante años se manipularon contrataciones en el Instituto para favorecer a personas y empresas que definían requisitos técnicos a su favor.
Aquí viene lo interesante. El testigo protegido es una herramienta poderosa, pero no es una prueba por sí misma. Es una puerta. Lo que importa es lo que haya detrás: el documento que cuadra, el video que coincide, el mensaje que nadie puede desmentir.
Pero a partir de eso surge una pregunta incómoda: ¿quién habla y por qué? El informante puede hablar por conciencia o por miedo. Ningún motivo invalida lo que dice, pero todos obligan a verificarlo. Y el privilegio de la rebaja no debe convertirse en una salida cómoda para el que sabía todo y se benefició.
En el centro de los señalamientos aparecen Guadalupe Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, a quien se vincula con el entramado. Hasta ahora, sin embargo, todos son señalamientos, no sentencias, y la presunción de inocencia sigue en pie.
Pero si lo que dicen los informantes se sostiene, el golpe a la credibilidad del instituto será más profundo de lo que parece. Y el gobierno, mientras tanto, parece que actúa con mucha tibieza.
No hay sanciones ni reformas para evitar que esto se repita. Es decir, el discurso anticorrupción queda rebasado justo donde más importa: la autoridad que cuida el voto ciudadano.
Al final, el testigo protegido es útil sólo si termina en lo que sigue: procesos limpios y sanciones ejemplares. Si no, será otro capítulo de que en México el que habla se salva y el sistema queda igual.
La autoridad ya abrió la puerta; ahora toca demostrar que detrás hay justicia y no solo trámite. Y que lo dicho en voz baja se confirme en el expediente. Porque una democracia se defiende con pruebas, no con confesiones a la carta.
CON LA CRISIS EN EL INE, Taddei puso en charola de plata la mejor oportunidad para negociar a la oposición: si Morena quiere aprobar por consenso el nombramiento de la próxima presidenta del Instituto, tendrá que dar algo a cambio.
Tanto el PRI como el PAN y MC ya perciben el miedo, la urgencia y la necesidad. Alejandro Moreno elevó el precio de su apoyo y puso como condición una reestructuración en el organismo. Pidió la salida de supuestos consejeros afines a Taddei: Rita Bell, Jorge Montaño y Arturo Chávez.
Esto ha complicado el “trabajo” de Ricardo Monreal, pues si no están dispuestos a ceder en dicha condición, deberá buscar otra forma de convencer a la oposición. Hay quienes aseguran que la fórmula es simple: más presupuesto para gobiernos, y legisladores de la oposición.
MC ya obtuvo una primera parte con recursos adicionales que la Federación destinó al estado de Jalisco, actualmente desgobernado por Pablo Lemus. Y el PAN está próximo a recibir una oferta similar.
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Y como dice el filósofo… No me acuerdo: “Le haré una oferta que no podrá rechazar: pagar menos por contar más”.
