La jefa de Gobierno Clara Brugada remitió el 18 de agosto pasado al Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México, una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial local, la propuesta permitiría la reelección del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra y desde su ingreso al legislativo, generó controversia en los medios.
Las Comisiones de Administración y de Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, encabezadas por los diputados Alberto Martínez Urincho y Víctor Hugo Lobo, presentaron un dictamen para aprobar la iniciativa en “fast track”, fuentes legislativas señalan que el dictamen reprodujo prácticamente el proyecto enviado por la jefa de Gobierno, ante la incapacidad de los legisladores de realizar un análisis parlamentario serio y profundo, ad hoc a la jugosa dieta que perciben.
El transitorio décimo tercero del dictamen dispone que, en caso de que la persona que se encuentre ejerciendo la Presidencia del tribunal participe como candidata, deberá excusarse de seguir presidiendo el Pleno con el propósito de garantizar la imparcialidad, transparencia, legalidad y equidad en dicho proceso; para críticos y especialistas, esta medida solo oculta las verdadera intenciones de la reelección, ya que no se puede hablar de un proceso imparcial, cuando existen serios cuestionamientos sobre la acumulación de apoyos para diversos magistrados cercanos al presidente, quienes serán encargados de votar el día de la elección, lo que da una seria ventaja a este aspirante.
Es de todos conocido que sindicalistas y trabajadores del tribunal han protestado reiteradamente contra la gestión de Rafael guerra denunciando la sobrecarga laboral, la falta de equipamiento, las condiciones de infraestructura precarias y el rezago en inversión tecnológica, estos sectores responsabilizan a la actual administración de la paralización reciente y reiterada de labores, si como de la reprogramación masiva de audiencias, afectaciones, que según sus representantes perjudican de forma particular a grupos vulnerables como mujeres y niños, en su acceso a la justicia, situación que parece poco importarles a la Jefa de Gobierno y a los diputados del Congreso.
De aprobarse la reforma, con los respaldos políticos señalados, se abre la posibilidad para ampliar por 2 años más la permanencia en la Presidencia del Tribunal de Rafael Guerra, lo que para trabajadores y litigantes sería desastroso, ya que implicaría un retroceso en la renovación institucional que tanto se ha pregonado.
Con la reforma pendiente de aprobarse el próximo domingo en el Pleno del Congreso capitalino, surgen diversos cuestionamientos, el principal: ¿Qué oscuros propósitos impulsaron esta propuesta para permitir seguir al frente del Tribual a un personaje que ha mostrado su incapacidad de conducir las riendas de este órgano de gobierno? nadie los conoce, lo cierto es que, para quienes dependen de este servicio jurisdiccional, la decisión tendrá un impacto negativo en el acceso efectivo a la justicia de esta Ciudad.
