- La presidenta interina anunció una ley de amnistía que abarcaría el periodo de violencia política desde 1999.
- La medida excluye delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos.
- El Helicoide, señalado por abusos, dejará de operar como centro de detención y será reconvertido.
Anuncio oficial ante el Poder Judicial
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el impulso de una ley de amnistía general durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, acto transmitido por la televisora estatal. La iniciativa busca cubrir todo el periodo de confrontación política registrado en el país desde 1999 hasta la actualidad.
Rodríguez informó que el proyecto será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, con el objetivo de “reparar las heridas de la confrontación política” y reencauzar la convivencia nacional. En su mensaje, hizo un llamado a que las excarcelaciones no deriven en actos de venganza o revancha.
Alcance y exclusiones de la amnistía
La propuesta contempla la liberación de personas detenidas por motivos políticos, pero excluye explícitamente a quienes estén procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. El contenido detallado del proyecto aún no ha sido publicado, por lo que los criterios específicos de aplicación siguen sin definirse.
El anuncio ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero. De acuerdo con la organización Foro Penal, en el país permanecen alrededor de 700 personas detenidas por motivos políticos, aunque más de 300 han sido liberadas en las últimas semanas. La ONG también advierte que miles de ciudadanos continúan bajo medidas restrictivas de libertad.
Cierre del Helicoide y reconversión del inmueble
Rodríguez ordenó además el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, señalada durante años por organizaciones de derechos humanos como un centro de tortura y detención arbitraria. El inmueble será transformado en un complejo social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a comunidades cercanas.
Reacciones y antecedentes
Organizaciones civiles como Provea, Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad han reiterado que una amnistía debe concebirse como restitución de derechos fundamentales y no como un acto de clemencia. Subrayan que muchas de las personas detenidas ejercían derechos protegidos por la legislación venezolana y por tratados internacionales.
Venezuela ha tenido antecedentes similares: en 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una ley de amnistía vinculada al golpe de Estado de 2002; en 2016, una iniciativa aprobada por la Asamblea Nacional fue anulada por el TSJ; y en 2020, Nicolás Maduro otorgó indultos a opositores antes de elecciones legislativas. La nueva propuesta deberá ahora ser discutida y votada por el Parlamento, mientras organismos nacionales e internacionales siguen de cerca su alcance real.
