Uber y DiDi llegaron como salvadores del transporte urbano, pero hoy son parte del problema: tarifas abusivas, evasión fiscal, explotación disfrazada de algoritmos y caos en ciudades como CDMX y Cancún
Durante años nos vendieron la idea de que Uber y DiDi eran la solución a todos los males del transporte urbano. Que venían a rescatarnos del mal servicio de taxis, del chofer grosero, del Metro descompuesto. Que eran innovación, modernidad, futuro. Y sí: al principio nos deslumbraron con su agua embotellada y su GPS. Pero esa luna de miel se acabó.
Hoy, estas plataformas son parte del problema, no la solución. Y el caso de la CDMX lo deja claro: tarifas abusivas, caos vial, evasión fiscal y una total falta de responsabilidad frente a las autoridades y los ciudadanos.
¿El colmo más reciente? El aumento de tarifas en la capital bajo el pretexto de la reforma laboral. Uber dice que necesita “ajustar precios” porque los nuevos lineamientos laborales implican mayores costos.
Pero eso es un cuento chino. La realidad es que el alza no se traduce en mejoras para los conductores –que siguen trabajando sin prestaciones– sino en más ganancia para la plataforma, que se lleva hasta 30% de cada viaje.
Te cobra más, el chofer gana lo mismo (o menos), y el único que gana es… Uber. La “flexibilidad laboral” se ha convertido en sinónimo de explotación.
Pero si el caso de CDMX es indignante, el de Cancún es vergonzoso. Ahí, Uber se ha comportado como si estuviera por encima de la ley: entró sin respetar el marco legal, provocó una guerra campal con los sindicatos de taxistas (igual de voraces, claro) y dejó a los turistas atrapados entre bloqueos y tarifas de escándalo.
Uber y DiDi no ofrecen transporte, ofrecen la ilusión de control. No generan empleos, generan dependencia. No solucionan la movilidad, la distorsionan. Evaden impuestos y le echan la culpa al chofer o al usuario cuando algo sale mal.
El verdadero problema es que los diferentes niveles de gobierno han permitido que operen como Estados dentro del Estado. Con sus propias reglas y tarifas.
Ya es hora de decirlo claro: Uber y DiDi no son tecnología. Son un modelo de negocio que empobrece a muchos para enriquecer a unos pocos. Y lo peor es que lo hacen con nuestra bendición, cada vez que aceptamos el siguiente viaje.
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MIENTRAS PAÍSES del Caribe como Bahamas, República Dominicana y Belice abren los brazos –y sus costas– a los mega cruceros con infraestructura moderna y visión de futuro, México se enreda en argumentos ambientalistas selectivos y sospechosamente convenientes.
La cancelación del muelle de cruceros promovido por Muelles del Caribe en Cozumel, pese a contar con todos los permisos, revela un país donde la voluntad política pesa más que la evidencia, y donde los arrecifes inexistentes tienen más poder que la inversión privada formal.
Detrás de la narrativa ecológica, lo que hay es una parálisis institucional preocupante, donde un restaurante operado por extranjeros –sin permisos, con estructuras artificiales y corales manipulados como si fueran utilería turística– puede bloquear una obra de dos mil millones de pesos y 350 empleos con apoyo político local.
Todo con la venia silenciosa del gobierno y legisladores de Morena que usan la bandera verde sólo cuando conviene al negocio amigo.
Mientras tanto, Cozumel comienza a vivir en la incertidumbre: sin muelles capaces de recibir barcos como el Icon of the Seas, con navieras buscando alternativas más serias, y con una economía que depende del turismo y es boicoteada por caprichos personales.
En un mercado que crecerá a mil 660 millones de dólares en menos de una década, México no está fuera por falta de oportunidades, sino por algo peor: por sabotearse a sí mismo en nombre de un ecologismo de utilería.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Las plataformas de taxis no ofrecen un servicio. Es un negocio que usa a todos y no responde por nadie”.
