El exgobernador y los legisladores panistas electos tramitan amparos contra diversos delitos en su contra, por lo que no tendrán que llegar a escondidas al Congreso para rendir protesta y obtener fuero
Pase lo que pase con Javier Corral, su permanencia en la 4T y Morena será un dolor de cabeza para el próximo gobierno. Con todo y amparo, es un prófugo de la justicia en Chihuahua, el estado que gobernó en la anterior administración. Su afán de venganza contra el priista César Duarte, que lo antecedió en el cargo, y su pleito permanente con la gobernadora Maru Campos, ex correligionaria del PAN, lo exhibieron de cuerpo entero. Lo que persiguió como mandatario fue lo que terminó haciendo. Está acusado por el desvío de 98 millones de pesos. El que a hierro mata a hierro muere, dicen en aquel estado fronterizo. Por si eso fuera poco, también lo responsabilizan de la muerte de al menos un ex funcionario de Duarte, a quien, junto con otros 100 duartistas, persiguió y encarceló. José Lázaro Joaquín López murió de Covid-19, en agosto de 2020, después de que le negaron recibir atención médica fuera del Cereso de Aquiles Serdán.
La familia de Lazarito, como le decían, considera todavía que su muerte “sigue siendo un crimen de Estado sin resolver” y señalan como responsable a Corral Jurado porque quiso legitimar su gobierno con la persecución y violaciones sistemáticas a la ley.
Al llegar al gobierno de Chihuahua el 2016, Corral basó su campaña en la persecución contra Duarte, a quien responsabiliza de varios delitos como peculado, lavado de dinero, desvío de recursos y corrupción. Hasta octubre de 2021, es decir, un mes después de que terminó la administración de Javier, la Fiscalía de Chihuahua tenía abiertas 162 carpetas de investigación.
Pero lo que denominó “Operación Justicia para Chihuahua” fue en realidad un plan para presionar, torturar e iniciar a más de 300 ex funcionarios, empresarios y opositores políticos. A 85 de ellos los convirtió en testigos protegidos para que señalan como culpables de diversos delitos a colaboradores de Duarte. Eso valió para que, a la postre, el fiscal anticorrupción de Corral, Francisco González, fuera llevado a prisión por actos de tortura, lo que dio pie a que el ex gobernador dijera que era una venganza de Maru Campos, a quien había acusado de coludirse con Duarte.
Hoy los papeles cambiaron: la fiscalía local lo acusa por un presunto desvío de recursos. Lo intentaron arrestar en la CDMX, pero el encargado de despacho de la Fiscalía, Ulises Lara, lo rescató, porque, quienes lo defienden en la 4T, incluido AMLO, dicen que hay violaciones al debido proceso y es una vendeta.
Como sea, su condición legal es de prófugo. Tramitó un amparo. Le otorgaron una suspensión provisional y todavía no se sabe en qué terminará este periplo. Es senador por Morena; participó en el equipo de transición de Claudia Sheinbaum y, hasta donde se sabe, rendirá protesta como legislador el 1 de septiembre.
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JAVIER CORRAL NO ES EL ÚNICO que llegará a la próxima Legislatura con cuentas pendientes ante la ley y un amparo bajo el brazo. Los panistas Ricardo Anaya y Miguel Ángel Yunes Márquez están acusados por diferentes delitos, por lo que ambos tramitaron un amparo también para evitar ser aprehendidos antes de tomar posesión como senadores.
Todos quieren evitar el “Operativo Cajuela”, es decir, buscan evitar entrar a escondidas al recinto legislativo. Recordemos que en 2010 lo hizo el perredista Julio César Godoy Toscano. Ingresó al Palacio Legislativo de San Lázaro en la cajuela de un vehículo. Logró rendir protesta, obtuvo el fuero y nunca lo pudieron detener por sus presuntos vínculos con el líder de la Familia Michoacana, Servando Gómez Martínez.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “El que busca venganza debe cavar dos tumbas: una para su enemigo y otra para sí mismo”.
