- Frida Gómez Puga rechazó haber presentado una denuncia contra un funcionario del INE ante la FGR.
- La consejera aseguró que su firma fue falsificada en un documento difundido públicamente.
- Anunció que interpondrá una denuncia penal para investigar la posible comisión de delitos.
Consejera electoral se deslinda de denuncia difundida públicamente
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Gómez Puga, negó haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el administrador del organismo, José Octavio García, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
Durante un posicionamiento público, la funcionaria afirmó que el documento que circuló en medios y redes sociales no fue elaborado, firmado ni autorizado por ella o por su oficina.
“Dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona ni por mi oficina”, declaró.
Asimismo, sostuvo que la firma incluida en el documento es apócrifa y no corresponde a su puño y letra ni a su consentimiento jurídico.
Anuncian acciones legales por posible falsificación
Frida Gómez Puga advirtió que la falsificación de documentos y firmas oficiales podría constituir un delito, por lo que adelantó que presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes.
La consejera indicó que este tipo de acciones buscan afectar tanto su labor como servidora pública como la credibilidad institucional del INE.
“Estas prácticas generan una afectación grave a la confianza pública, al debate democrático y a la integridad del Instituto Nacional Electoral”, expresó.
También señaló que toda comunicación oficial relacionada con su consejería únicamente se realizará a través de los canales institucionales correspondientes y conforme a los procedimientos legales establecidos.
Documento señalaba presuntas irregularidades en contratos
El escrito apócrifo, presuntamente recibido por la FGR el pasado 11 de mayo, señalaba a José Octavio García por supuestos delitos como ejercicio ilegal del servicio público, encubrimiento y cohecho.
La denuncia hacía referencia a presuntas irregularidades detectadas en contratos adjudicados durante el proceso electoral 2023-2024 a una empresa identificada como Comercializadora JVLY.
Además, el documento mencionaba observaciones relacionadas con auditorías sobre adquisiciones y materiales utilizados para tareas de capacitación electoral.
INE atraviesa cambios internos en su estructura
La difusión de esta presunta denuncia ocurre en medio de cambios dentro de la estructura administrativa y operativa del Instituto Nacional Electoral.
La consejera reiteró su confianza en que las autoridades investigarán los hechos para esclarecer el origen del documento y deslindar responsabilidades conforme a derecho.
Finalmente, hizo un llamado a privilegiar la legalidad y la verificación de la información para evitar afectaciones a las instituciones democráticas y a la confianza ciudadana.
