- La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitó información al Departamento de Justicia sobre una estrategia que permitió vigilar cargamentos sin decomisarlos.
- La práctica fue utilizada en Nuevo México entre 2023 y 2025 para fortalecer investigaciones contra redes de tráfico de drogas.
- El inspector general del Departamento de Justicia inició una revisión nacional para determinar si la misma táctica fue aplicada en otras investigaciones.
La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación sobre una controvertida estrategia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que permitió que grandes cantidades de fentanilo continuaran su recorrido hacia las calles mientras agentes federales seguían los cargamentos para construir investigaciones de mayor alcance.
El presidente de la comisión, el republicano James Comer, solicitó al secretario de Justicia, Todd Blanche, documentos relacionados con la estrategia, particularmente sobre operaciones realizadas durante el gobierno del expresidente Joe Biden.
La investigación legislativa se suma a acciones emprendidas en Nuevo México, considerado uno de los principales epicentros de la crisis de fentanilo en Estados Unidos.
Agentes vigilaban los cargamentos sin decomisarlos
Una investigación de The Associated Press (AP) reveló que agentes de la DEA siguieron en distintas ocasiones grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, pero permitieron que la droga llegara a su destino mientras reunían información para investigaciones criminales más amplias.
La práctica es conocida informalmente como “dejar que las drogas caminen” y consiste en mantener bajo vigilancia los cargamentos en lugar de decomisarlos de inmediato, con el objetivo de identificar a otros integrantes de las redes de distribución.
La estrategia ha generado cuestionamientos debido a que ocurrió mientras la propia DEA advertía públicamente sobre los riesgos del fentanilo mediante campañas como “One Pill Can Kill”, que alertaba que incluso pequeñas cantidades del opioide pueden resultar mortales.
Cambios en los protocolos generaron cuestionamientos
James Comer señaló que las autoridades federales habían flexibilizado los protocolos para el manejo de cargamentos de fentanilo.
Una política adoptada en 2017 establecía que los agentes debían incautar o impedir la distribución del fentanilo tan pronto como fuera posible. Sin embargo, el Departamento de Justicia modificó esas reglas en 2024 y otorgó mayor margen de decisión a los investigadores cuando consideraran que mantener un cargamento bajo vigilancia podía contribuir al desarrollo de una investigación.
Comer sostuvo que permitir que grandes cantidades de fentanilo llegaran a las comunidades podía haber provocado daños y pérdida de vidas.
El legislador pidió conocer los criterios utilizados para autorizar estas operaciones, así como los registros relacionados con los cargamentos vigilados y las medidas adoptadas para reducir los riesgos.
La estrategia continuó durante el gobierno de Trump
De acuerdo con la investigación de AP, la estrategia de vigilancia de cargamentos continuó durante el segundo gobierno de Donald Trump.
Una de las investigaciones culminó en mayo de 2025 con el que fue anunciado como el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la DEA. Las autoridades incautaron alrededor de tres millones de pastillas.
Sin embargo, durante la investigación también se habrían mantenido bajo vigilancia otros cargamentos de mayor tamaño. Agentes en Albuquerque observaron mediante helicópteros y vehículos de vigilancia a presuntos distribuidores que trasladaban mochilas que, según las estimaciones de los investigadores, podían contener hasta 100 mil pastillas de fentanilo.
Un exsupervisor de la DEA que participó en la investigación afirmó que la red criminal pudo haber sido desmantelada meses antes si las autoridades hubieran intervenido en determinados momentos.
Inspectoría revisará operaciones a nivel nacional
El Departamento de Justicia también anunció una revisión nacional de sus políticas y de investigaciones que utilizan escuchas telefónicas, con el propósito de determinar si la práctica de permitir que los cargamentos continuaran circulando se empleó en otras partes de Estados Unidos.
La DEA no respondió a las solicitudes de comentarios sobre los cuestionamientos planteados por el Congreso.
Su administrador, Terry Cole, defendió el enfoque general de la agencia y señaló que las investigaciones contra organizaciones criminales son complejas, requieren tiempo y se realizan bajo el marco de la ley.
La investigación del Congreso y la revisión del inspector general buscan determinar si la estrategia permitió obtener información relevante para desmantelar organizaciones criminales o si, por el contrario, expuso a las comunidades a riesgos innecesarios al permitir que grandes cantidades de fentanilo continuaran en circulación.
