• Organizaciones denuncian que el gobierno reduce la crisis a registros administrativos
• Más de 132 mil personas siguen desaparecidas en México, según cifras oficiales
• Colectivos advierten subregistro, exclusión y fallas en metodologías de medición
Organizaciones civiles y colectivos que acompañan a familias buscadoras acusaron al gobierno federal de minimizar la crisis de desapariciones en México, al centrar su diagnóstico en registros administrativos y no en la dimensión real del problema.
Críticas a la estrategia oficial
Diversas organizaciones, entre ellas Fundar, señalaron que reducir la crisis a carpetas de investigación representa un error metodológico y una decisión política que invisibiliza a las víctimas.
Advirtieron que condicionar el registro de personas desaparecidas a la existencia de una carpeta ministerial puede generar subregistro, debido a las deficiencias en las fiscalías para recibir denuncias o investigar adecuadamente.
Además, cuestionaron que el discurso oficial niegue la existencia de desapariciones forzadas, al atribuir el fenómeno únicamente a la delincuencia organizada, lo que, dijeron, excluye la posible participación de agentes del Estado.
Falta de transparencia y exclusión de colectivos
Los colectivos también expresaron preocupación por la falta de claridad en la metodología utilizada para revisar y depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Señalaron que este proceso no incluyó una convocatoria abierta ni la participación activa de familias, especialistas y organizaciones, lo que limita la legitimidad de los resultados presentados.
Asimismo, subrayaron que en un país donde la cifra negra alcanza el 93%, basar la medición únicamente en denuncias formales distorsiona la magnitud del problema.
Cifras oficiales y clasificación de casos
De acuerdo con datos presentados por el gobierno federal, actualmente hay 132 mil 534 personas desaparecidas en México, dentro de un registro histórico de 394 mil 645 casos desde 1952.
El informe señala que el 66% de las personas reportadas han sido localizadas, de las cuales el 92% fue encontrado con vida.
Las autoridades clasificaron los casos en tres grupos: aquellos con datos insuficientes, los que presentan actividad posterior a la desaparición y los que cuentan con información completa para su búsqueda.
Sin embargo, organizaciones como el Centro Prodh advirtieron que reducir la cifra a poco más de 43 mil casos con datos completos distorsiona la dimensión de la crisis y traslada la responsabilidad a las víctimas.
Limitaciones en investigaciones
Uno de los puntos más señalados es que, de los casos con información suficiente, solo una parte cuenta con carpeta de investigación.
Para los colectivos, esto evidencia obstáculos estructurales, como la falta de acceso a la justicia, la omisión institucional y prácticas que evitan clasificar correctamente los casos de desaparición.
También enfatizaron que muchas localizaciones no son resultado de acciones del Estado, sino del trabajo directo de las familias y redes comunitarias.
Posturas internacionales y llamados
Por su parte, Amnistía Internacional llamó al Estado mexicano a reforzar sus esfuerzos para enfrentar la crisis y garantizar la participación de víctimas y expertos en las estrategias oficiales.
La organización destacó la importancia de aplicar metodologías científicas y análisis de datos en la revisión del registro nacional.
Un problema estructural en evolución
Las organizaciones coincidieron en que la crisis de desapariciones en México, que se ha intensificado desde 2007, requiere una respuesta integral que incluya transparencia, participación social y fortalecimiento institucional.
Advirtieron que sin estos elementos, cualquier intento de medición o estrategia podría quedar limitado frente a la magnitud real del fenómeno.
